Los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, sobre el régi­men financiero de la universidades estata­les, estipularon que los ingresos crecerían a precios constantes, es decir el aumento del presupuesto seria igual a la tasa de infla­ción, lo que produjo un congelamiento real de los aportes. Los gobiernos de turno no podían incre­mentar estos valores, porque se violaría la mencionada ley.

​

De los aportes del gobierno nacional, entre 2.5 y 3 billones de pesos anuales, el 85% se lo llevan las 16 universidades acreditadas de calidad. EL resto se re­parte entre las otras 16 y a la UTCH le ha correspondido menos del 1%, ya que sus indicadores de docencia, investiga­ción y proyección social la ubican en los últimos lugares. Solo supera a dos insti­tuciones de las 32 públicas.

​

Pero con el ánimo de reelegir en for­ma indefinida al rector, modificaron el estatuto general e implementaron una estrategia de cooptación a los estamen­tos del gobierno universitario, empe­zando por el estudiantil, en donde se aprobó una rebaja de matrículas indis­criminadas, sin tener una fuente alterna de sustitución de recursos, se hicieron varias reformas administrativas para modificar los grados de los cargos ad­ministrativos, favoreciendo -según se dice- a ciertos empleados. El que gana­ba $1.200.000, pasó a los $2,500.000 o más y se dieron prebendas mediante el reconocimiento de primas de antigüe­dad y otras canonjías. Lo mismo ocurrió con los docentes a quienes se le entrega­ban recursos para todo tipo de activida­des y en muchos casos si se quería ocu­par un cargo académico, debía gozar del beneplácito de este sector.

​

Igual estrategia se aplica con los otros sectores, lo que llevo a un incremento exagerado de la planta de personal, se calcula unos 1.200 personas entre em­pleados administrativos, docentes de planta, ocasionales, catedráticos aproxi­madamente, por lo que desde hace mas de 10 años se paga cada mes con sobre­giros esta frondosa burocracia. También se paga los pensionados con la transfe­rencia de la nación, lo que incrementa el problema financiero.

​

Para rematar este proceso de destruc­ción institucional, en un acto de sober­bia de poder se procedió a despedir sin justa causa a profesores y empleados administrativos, que luego de ganar los pleitos judiciales, debieron ser reinte­grados y con el pago de sus respectivas prestaciones sociales.

​

Mientras la UTCH se mantenga por fuera del grupo de instituciones acredi­tadas de calidad, recibirá solo migajas que no mejoran la actual situación, a menos que quienes la dirigen tomen conciencia de la problemática y apli­quen soluciones estructurales que nece­sita el Alma Máter de los chocoanos.

​

Sin embargo en este objetivo se ha perdido un tiempo valioso, ya que en mi opinión es un imposible metodológico, que en un contexto de baja calidad de la educación básica primaria y secundaria, aparezca una institución del nivel supe­rior con calidad, lo cual desvirtuaría la teoría de los sistemas sociales.