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Editorial

Informal no es criminal

Persiste en la política oficial la equivocada y grave inter­pretación de que todo lo informal es ilegal y criminal.

Esta disparatada estigmatización señala a los pequeños mineros como “minería ilegal, minería criminal”. La reali­dad es que el Estado coloca todo tipo de trabas y niega títu­los mineros y licencias ambientales a los pequeños mineros, dejándolos en la informalidad, para luego calificarlos como delincuentes y perseguirlos, judicializándolos y destruyen­do o incautando sus equipos

Se trata de pequeños mineros informales que no tienen tí­tulos y licencias, pero no de mineros “ilegales” o “crimina­les”, peligrosos remoquetes que solo pueden colocarse a personas que integren grupos ar­mados contrarios al orden esta­blecido.

Generalizando esa malévola táctica, dichos calificativos po­drían endilgarse a la mayor parte de la población chocoana, ya que numerosos estudios, algunos in­cluso del Banco de la República, concluyen que el Chocó es el de­partamento con la mayor propor­ción de población en la informalidad. Mientras a nivel na­cional el promedio de informalidad laboral es del 62,32 %, en el Chocó se supera el 80 %.

Informal es todo aquel que no se encuentra afiliado a la seguridad social (salud y pensión), y que coloquialmente se califica como dedicado al rebusque.

 

Allí cabe el grueso de la población chocoana, vendedores de chontaduro, plátano, pescado o frutas en los andenes o en pequeños triciclos, pe­queños comerciantes sin registro mercantil, corteros de ma­dera, pescadores, etc.

Ninguno de ellos tiene permisos o salvoconductos oficia­les para ejercer el “rebusque” o Madrededios pero no pue­den calificarse como “ilegales”, y menos aún, como “crimi­nales”.

El modelo económico vigente reduce el tamaño del Estado y acrecienta el desempleo y la informalidad, lo que impli­ca menos ingresos para los hogares, baja productividad, po­ca innovación, reducida recaudación de impuestos o eva­sión, así como un grado mínimo de aportes a seguridad so­cial, lo que afecta el bienestar general de la sociedad.

También la informalidad, con excepciones, es sinónimo de “empleo basura” o de mala calidad, desprotección labo­ral, y está asociada a la pobreza y a mayores índices de ne­cesidades básicas insatisfechas, NBI.

Los expertos han demostrado que el mejoramiento de los niveles de educación no implica de manera automática el logro de un empleo decente, enfatizando que eso solo será efectivo si existe una economía que ofrezca la demanda respectiva por di­chos trabajadores.

Esto es evidente en el Chocó donde en las últimas décadas ha crecido el número de profesionales en todas las áreas y a su vez se han elevado los ín­dices del desempleo. Hogares donde se sufre carencias de todo tipo, empe­zando por el hambre, a pesar de tener profesionales con varios títulos uni­versitarios.

Y la crisis social y la informalidad se agravará si se mate­rializa la propuesta del Banco Mundial de eliminar el salario mínimo o implantar un salario mínimo regional acorde al Producto Interno Bruto per Cápita regional.

Esta nefasta propuesta cada día aflora más en las declara­ciones de funcionarios de la cúpula del actual gobierno.

El Chocó es un departamento eminentemente informal y por ello no podemos aceptar que sea un departamento de “ilegales” o “criminales”.

No es solo informal el empleo.

También lo son gran parte de las viviendas, los servicios, las vías de comunicación, el transporte, la agricultura, la pes­ca, la minería, el comercio, lo urbano, lo rural, lo ribereño, lo costero, lo indígena.

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