La Procuraduría busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias porque al parecer la administración no contrató con lista de precios, y no hay claridad sobre dos prórrogas realizadas al negocio jurídico.

En este sentido, el Ministerio Público solicitó informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales con el fin de determinar los criterios que tuvo en cuenta la Alcaldía de Quibdó para fijar el valor de la ración y si estuvo fundamentado en las exigencias y lineamientos del PAE.