Por este caso deberán responder miembros de la ex guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública.

Para priorizar este caso, la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad se basó en los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones sociales como la Corporación Reiniciar y el Cinep. En la región de Urabá, según información del ente acusador, se entregaron 3.523 casos de hechos victimizantes, entre los cuales se destacan masacres, desapariciones forzadas, apropiación ilegal de tierras, violencia basada en género y violencia sexual.

Las víctimas
La JEP identificó grupos victimizados a partir de categorías en las que se tuvieron en cuenta su condición personal o colectiva. Entre ellos se encuentran los líderes de la Unión Patriótica en Urabá y Antioquia, los pueblos indígenas Embera-Katío, Embera Chamí y Tule o Kuna afectados en el Darién chocoano. Además de los pueblos afrocolombianos (entre ellos los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó), la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las comunidades sindicales y organizaciones sociales y de víctimas.

Los victimarios
La Sala de Reconocimiento, a partir del análisis de los informes, ha podido inferir que los hechos victimizantes fueron perpetrados, presuntamente, por miembros de la Fuerza Pública y el Bloque José María Córdoba de las Farc, en particular los Frentes 5, 34 y 57, con sus respectivas unidades móviles. “Los diez municipios priorizados se encontraban bajo jurisdicción de la Brigada XVII del Ejército; la Policía Nacional tuvo igualmente jurisdicción junto con otras unidades de seguridad del Estado como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Miembros de todas estas instituciones son mencionados como presuntos responsables de hechos victimizantes, en los informes con los que cuenta la Sala”, indica el auto con el que se abre el caso.
Son 100 ex miembros de la Fuerza Pública -comparecientes ante la JEP- que habrían perpetrado crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra 120 personas. Por otra parte, 74 comparecientes de las Farc tienen relación con 221 víctimas por hechos graves durante el conflicto. “Todos ellos tienen algún nivel de responsabilidad o alguna investigación abierta. En esa medida, esas personas serán llamadas a rendir su versión de los hechos y a contribuir de alguna forma la verdad”, indicó la magistrada Nadiezha Henríquez.

Los hechos
El análisis de la información le permitió a la JEP determinar distintos hitos de la región de Urabá. Entre 1986 y 1994 se fortalecieron las organizaciones sociales y la Unión Patriótica (UP) y el tránsito parcial de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (Epl) al partido Esperanza, Paz y Libertad. El segundo periodo (1994-1997) se caracterizó por la consolidación del poder de las Farc, las masacres cometidas contra exintegrantes del Epl, el afianzamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia y el reconocimiento de Cooperativas y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria (Convivir).
El período entre 1997 y 2002 se caracterizó por una dominación de los actores armados a los territorios y por las constantes violaciones contra la sociedad civil en el Darién chocoano. De ahí en adelante (2002 a 2016) se hace referencia a la puesta en marcha de la política de Seguridad Democrática; el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, y la materialización del proceso de paz con las Farc.

¿Qué sigue?
Con la apertura del caso 004, la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP acopiará la información de este caso y llamará a versiones voluntarias a las personas que, según los informes, serían los responsables de los delitos cometidos en esta región. En ese momento, los comparecientes deberán aportar al esclarecimiento de la verdad y deberán reconocer o no su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.