Varios hechos recientes han puesto en evidencia que los miembros de la élite industrial y política antioqueña, cuyos intereses defiende con armas innobles el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, no se atienen a normas para saciar sus ape­titos expansionistas y sacar avante la divisa independentista Antioquia Federal que mueve su espíritu e insufla su senti­do de pertenencia.

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Está demostrado que aquella élite opulenta está dispuesta a pisotear el ordenamiento jurídico para vulnerar la sobera­nía, territorialidad e institucionalidad del Chocó.

 

Prueba de ello es el hostigamiento que han sufrido los téc­nicos del Igac dedicados a la insta­lación de los trece hitos de delimi­tación física entre los dos departa­mentos, siguiendo el proceso que corresponde después de finalizado el conflicto limítrofe que favore­ció al Chocó.

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El proceso ha sido saboteado de principio a fin por funcionarios del vecino departamento guiados por la perversidad de Pérez Gutié­rrez.

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Desde el inicio de la diligencia el subsecretario jurídico de esa go­bernación, Carlos Arturo Piedra­hita, alentó sin éxito un levantamiento popular en la zona e intrigó con un supuesto apoyo de la Procuraduría General de la Nación en favor de la causa antioqueña, pero la trama era tan burda que el mismo procurador Fernando Carrillo salió a desmentirlo.

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Con la misma intención de obstruir las labores de delimi­tación el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, contra toda lógica emitió una “orden administrativa” para derribar los mojones que en cumplimiento del deber instalaban los pe­ritos del Igac.

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A pesar de que los trabajos contaron con el visto bueno de las partes y la participación del Ministerio Público como garante, para el burgomaestre el amojonamiento es arbitra­rio y por eso ordenó esta acción irracional y vandálica.

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En la agresiva campaña por mantener un territorio que no les pertenece tampoco han escatimado las amenazas a los líderes chocoanos del Comité Prodefensa de Belén de Baji­rá.

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A las casas de Leopoldino Perea y Henry Chaverra han llegado panfletos intimidantes cuya redacción delata a los autores: “Prepárense porque por Antioquia matamos y nos hacemos matar”, reza uno de ellos.

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Evitando caer en el juego de la bravata del frustrado veci­no, la respuesta de las autoridades chocoanas debe seguir siendo civi­lizada y fundamentada en la ley.

En ese orden de ideas los jurídi­cos del Chocó deben demandar la Ordenanza 047 de 1975, emitida por la Asamblea de Antioquia para crear el municipio de Mutatá, con la cual se trastocó el espectro limítrofe y se dio origen al diferendo.

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Otra acción que está en mora de llevarse a cabo por parte de la Asamblea del Chocó es la creación del municipio de Belén de Bajirá escindiéndolo de Riosucio.

 

Una Ordenanza expedida con ese propósito permitirá que se cumplan los anhelos de autono­mía administrativa y progreso de los bajirenses, reafirmará la soberanía del Chocó sobre esa vasta y promisoria región e inhibirá el ímpetu expansionista de la dirigencia antioque­ña.

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Saber perder es una cualidad de los valientes. Resulta ab­surdo e inadmisible que desde la institucionalidad antioque­ña se gesten amenazas e intrigas para sabotear la diligencia que adelantan los comisionados del Igac, sólo por el prurito del revanchismo y el capricho.

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Con esta actitud camorrista se desdibuja el decoroso per­fil de la Antioquia grande, cuya laboriosidad y tesón le ha dado una imagen de privilegio a la denominada raza paisa.