Daños a mojones, en la lupa de la Procuraduría

El Col, abril 20/18

Fuentes de la Procuraduría en el Chocó confirmaron que ya están en marcha indagaciones para determinar si el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, in­currió en alguna falta al ordenar demoler dos hitos instalados en la frontera entre Antioquia y Chocó.

La indagaciones responden a denuncias instauradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), entidad respon­sable de la instalación de los dos mojones ubicados sobre la carretera Panamericana, en el sector El 40, cercano al corregi­miento de Blanquicet. Alejan­dro Abuchar González, alcalde de Turbo, confirmó que él dio la orden de derribar los hitos, en un procedimiento que fue debi­damente informado a la Policía.

Argumentó que el Igac in­cumplió los requisitos para ade­lantar la construcción del mo­jón dentro de su territorio y que, desde su punto de vista, la de­marcación de límites geográfi­cos solo se puede hacer cuando el Consejo de Estado se pro­nuncie sobre las demandas in­terpuestas por Antioquia.

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Plan para descontaminar de mercurio al río Atrato

rcnradio, abril 19/18

En tres meses se conocerán los resul­tados de un proyecto ambicioso en el que la comunidad, el gobierno y la em­presa privada aúnan esfuerzos para des­contaminar de mercurio al río Atrato, el tercero más navegable del país.

“Consiste en la instalación de unas bolsas de tela que contienen un políme­ro, las cuales se ubicarán en 20 embar­caciones para que absorban el metal mientras los pescadores recorren el río, al mismo tiempo que van descontami­nándolo”, dijo Willer Guevara Hurtado, viceministro de Medio Ambiente.

Según el ministerio, con esta propues­ta buscan probar la efectividad del polí­mero para capturar el mercurio en aguas contaminadas y conocer la capacidad de aprehendimiento de este material con el fin de utilizarlo a gran escala.

El programa llamado, “Pescadores de Mercurio” se realiza en el corregimien­to de Puné, en el Medio Atrato chocoa­no con ayuda de una empresa privada dedicada a la producción de bebidas.

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Gobernación de Chocó adeudaría 3 mil millones de pesos al ancianato

La Fm, abril 18/18

Los 90 adultos mayores de escasos re­cursos que son atendidos en el anciana­to Nicolás Merlano de Quibdó, viven ahora de la caridad, pues los recursos públicos que llegaban desde la goberna­ción no son suficientes para suplir sus necesidades básicas.

Según el sacerdote César Perea, direc­tor del hogar, desde el 2015, se han de­jado de girar aproximadamente 3 mil millones de pesos equivalentes al 4% de los contratos que firma la administra­ción departamental.

Ignacio Cuesta, representante legal del hogar geriátrico, aseguró que la si­tuación ya se puso en conocimiento de la Contraloría departamental para que establezca por qué no se han entregado los recursos, sin embargo hasta la fecha no se ha dado una respuesta por parte de la entidad.

Por su parte, la contralora regional, Pasleyda Murillo sostuvo que desde fe­brero se adelanta una auditoría a las de­pendencias de la gobernación para esta­blecer si es cierto la omisión en la entre­ga de recursos. Murillo manifestó que algunos de los funcionarios no entrega­ron la documentación a tiempo, por lo que el trámite se ha retrasado.

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Dos capturados por abusar de menores de 14 años

Caracolradio, abril 17/18

Ángel Custodio Moreno fue captura­do por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por hechos ocu­rridos el día 17 de junio de 2017 en el corregimiento de Samurindó, jurisdic­ción del municipio de Atrato, donde esta persona abusó sexualmente de una me­nor de edad.

Así mismo servidores del CTI Chocó hicieron efectiva otra orden de captura en contra de José Leonardo Herrada Ci­fuentes por actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y su­cesivo. Los hechos ocurrieron en sep­tiembre de 2013 en el barrio Medrano de de Quibdó.

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Guardianes del río Atrato: amenazados e ignorados

El Esp., abril 22/18

Los 14 líderes encargados de proteger el río más caudaloso del país le recla­man al Estado que se les haga más par­tícipes del plan para descontaminarlo y cuidarlo.

Aunque los 14 guardianes del río Atrato denunciaron constantes amena­zas por parte de grupos armados que quieren controlar el territorio, la Unidad Nacional de Protección (UNP) sólo les ha garantizado seguridad a tres de ellos.

“No sólo está contaminado el río, sino también el territorio, porque están sem­brando coca. La junta directiva del Con­sejo Comunitario Mayor de la Asocia­ción Campesina Integral del Atrato (Co­comacia) tiene amenazas y le han dicho que van a matar a cuatro de los integran­tes, porque muchos de los excombatien­tes de las Farc quieren que les demos tierra, pero los territorios colectivos de las comunidades afros están protegidos legalmente”, asevera Alexánder Mena, integrante de Cocomacia.

El río Atrato se convirtió en sujeto de derechos mediante la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional.