Marcos Tobías Cuesta Franco

Desde el siglo pa­sado los antio­queños sueñan en convertir su departa­mento en la mejor esquina de América. Con este fin, en 1998, planificaron su modelo de desa­rrollo, económico y social ‘Antioquia 2020’, alcanzando importantes obras que les permitió ser competitivos. Al quedar este inconcluso lo reformularon planificando ‘Antio­quia 2050’, donde comprendieron la importancia de explotar económica­mente el golfo de Urabá, el río Atrato, uno de los de mayor potencial como vía para el desarrollo económico nacional, sus afluentes y demás recursos naturales existentes en la zona y claro, la necesi­dad de dominar la importante frontera con los hermanos panameños, a la que la dirigencia política del Chocó le ha restado importancia, desconociendo nuestra posición estratégica que nos permite un excelente intercambio co­mercial y la activación real de nuestra economía, para nuestro desarrollo.

A esto se suma el reciente conflicto li­mítrofe entre Chocó y Antioquia en el ya conocido caso “Belén de Bajirá” que nos dejó claro cuál es la verdadera posi­ción y querer de la dirigencia política y económica de Antioquia con el Chocó, que se sintetiza en la intención de ex­pandir su territorio para la materializa­ción de su anhelo, con el aprovecha­miento de la inmensa riqueza de la zona y que pertenece mayoritariamente al Chocó, queriendo desconocer el ideario y sentir del pueblo chocoano.

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Es así como debemos comprender, que la creación de Coratrato es nociva para el territorio chocoano y deja en ja­que a Codechocó. Basta con recordar que las corporaciones autónomas regio­nales en Colombia constituyen la pri­mera autoridad ambiental a nivel regio­nal, de carácter público, creados por ley, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio con per­sonería jurídica, encargados de adminis­trar dentro de su jurisdicción, el medio ambiente, los recursos naturales y pro­pender por su desarrollo sostenible. Crear otra corporación con los antio­queños constituye una amenaza a nues­tro territorio e institucionalidad y debili­ta nuestra posición dominante y de auto­ridad sobre la vida del río Atrato, que por siglos hemos ejercido.

Nuestros parlamentarios deben aunar esfuerzos y realizar gestiones para el fortalecimiento de Codechocó, para que esta pueda atender de manera integral la protección y desarrollo sostenible de nuestro departamento y por supuesto que se abandere del cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. Quitarle de su jurisdicción a nuestra legitima Corporación que cumple ya 50 años de existencia el cui­dado y preservación del tercer río más importante de Colombia, el Atrato, es reducirla a guardabosques y amenazar su existencia, dejando así a la naciente corporación Coratrato de la mano de la dirigencia política antioqueña y otros intereses, como máxima autoridad so­bre nuestro mítico río Atrato.