Terminado el período vacacional afloran de nuevo los te­mas pendientes del Chocó, tareas comunes no realizadas, objetivos generales no logrados, amenazas crecientes no conjuradas.

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Informamos la semana pasada que para los años 2019- 2020 se aprobaron casi 600 mil millones de pesos de recur­sos de regalías para el Chocó. Es decir, un promedio de 300 mil millones anuales, recursos que en su mayor parte son manejados por el gobierno departamental y en menor pro­porción por los alcaldes.

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Esta suma no es pequeña y so­bre su manejo y destinación debe existir una información completa y permanente, y una participa­ción, consulta y veeduría ciuda­dana. Es inaceptable que en una situación catastrófica como la que vive el Chocó la destinación de los recursos de regalías se defina en pequeños conciliábulos, a es­paldas de la comunidad, y mucho menos que luego ni se conozca el desarrollo de los proyectos.

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Y comentamos lo anterior, porque desde que se inició el nuevo Sistema General de Regalías, SGR, en 2012, hasta hoy, el Chocó ha recibido 899 mil millones de pesos, que se han invertido en 333 proyectos. Léase bien, 899 mil millo­nes de pesos. Y en el mismo período, 2012-2018, el Chocó ha empeorado su situación en casi todos los aspectos: mor­talidad, morbilidad, desempleo, pobreza, analfabetismo, menos producción, bancarrota institucional, saneamiento básico.

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No solo se ha presentado un manejo nebuloso de esos re­cursos, a espaldas de la comunidad chocoana. También ha faltado un control completo y real de las entidades compe­tentes, como la Contraloría, la Procuraduría y la fiscalía.

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Solo se han presentado informes esporádicos, parciales y acomodados del manejo de los recursos de regalías en el Chocó. Pasan los días y cae el polvo sobre temas gravísi­mos donde al rompe se observa un gigantesco detrimento de los recursos públicos.

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Decenas de miles de millones de pesos de regalías se des­tinaron al proyecto de gas natural domiciliario en once mu­nicipios. Desde hace más de un año desapareció la empresa operadora, no se presta el servicio, se deterioran las instala­ciones habilitadas pero inexplicablemente las entidades de control siguen ciegas, mudas y sor­das.

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El Chocó exige conocer cuáles fueron los funcionarios y particula­res responsables de este gigantesco robo de recursos públicos.

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Y como el caso del gas domicilia­rio, existen decenas de proyectos con recursos de regalías donde se es­fumaron sumas considerables y las obras no se terminaron y lo poco que se construyó quedó mal. Algunos de ellos se han convertido en “elefantes blancos”, símbolos del saqueo y desfalco de los recursos públicos.

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Ahí están los inconclusos, irregulares y/o emproblema­dos proyectos de pavimentación de 3.5 kilómetros en Por­venir-Platina, Istmina-Condoto, Istmina-Andagoya, Áni­mas-Istmina, los cuatro kilómetros de vía en Riosucio, el tramo Lloró-Yuto, el edificio Ocho Pisos, la sede de la UTCH en Istmina, el Megacolegio MIA, el hospital de la zona norte de Quibdó, los centros de salud de Unión Pana­mericana, Medio Baudó, Río Iró, Atrato y Cértegui, el puente Kennedy-Álamos, el hospital de Acandí, compra de predio para la Unidad Deportiva de Quibdó, etc.

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En estos proyectos se han presentado malos manejos, de­ficiente planeación, dilación de obras, sobrecostos, detri­mento patrimonial, pérdida de recursos.