Bocadillos de Prensa
Destruyen complejo cocalero
La W, mayo 10/18
Las autoridades destruyeron un complejo cocalero que producía cerca de 3,5 toneladas de droga mensualmente en el Chocó.
En una operación de la Armada Nacional fue ubicado en el corregimiento de Betecito, en el municipio de Unguía, una estructura con cuatro talleres artesanales, seis bodegas de acopio y un campamento para 12 personas. En el sitio había 900 galones de gasolina, 720 de ACPM, así como insumos líquidos y sólidos para el procesamiento de la droga. Igualmente, se hallaron 500 gramos de pasta base de coca.
Ley de Víctimas se vence en 3 años y el Bajo Atrato nada que retorna
El Tiempo, mayo 10/18
En Chocó Caribe, cinco comunidades étnicas reclamantes de tierras se sienten abandonadas por el Estado.
De nada han servido hasta ahora las medidas cautelares dictadas por un Juez de Restitución de Tierras entre 2016 y 2017, para proteger a tres consejos comunitarios afrodescendientes y dos resguardos indígenas.
A la conclusión se llega tras el último seguimiento de las medidas dictadas para el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatú), el de la cuenca del río Tolo y la zona costera sur (Cocomasur) y el de Pedeguita y Macilla (Cocopema), así como a los resguardos indígenas de Chidima Tolo y Pescaito y Uradá-Jiguamiandó.
Entre los incumplimientos está la orden de “brindar de manera urgente atención humanitaria y alimentaria a adultos, niños, niñas y adolescentes”, en Cocomasur y Chidima Tolo y Pescaito, a pesar de que esta orden tenía plazo de un mes.
Alertan posible destierro en Pogue
El País, mayo 15/18
El grupo regional de Memoria Histórica de la Universidad Icesi y el Centro Nacional de Memoria Histórica alertaron este martes del inminente riesgo de un nuevo destierro de la comunidad Pogue en el municipio de Bojayá, Chocó.
En un comunicado dirigido a la Dirección de Víctimas de Quibdó, a la Unidad de Víctimas, a la Defensoría del Pueblo y a las entidades pertinentes, aseguran que “los últimos eventos violentos ocurridos en la comunidad tienen a las familias con temor a denunciar los hechos y en preparación para su desplazamiento a comunidades cercanas donde se garantice su supervivencia”.
La misiva también solicita la presencia de las y los funcionarios respectivos para atender la emergencia y explica que la comunidad recibió una amenaza de destierro por parte de grupos ilegales que están alterando el control de los territorios, por lo que tienen imposibilitada la comunicación y la movilización.
“Esta situación es problemática porque atenta contra los derechos humanos territoriales y colectivos de las comunidades negras y pueblos indígenas del Medio Atrato”, aseguran.
Cabe recordar que en el año 2002 la comunidad de Bojayá sufrió una de las más terribles masacres del conflicto armado colombiano.
Ese día guerrilleros de las Farc durante un enfrentamiento con las AUC, lanzaron un cilindro-bomba que impactó la iglesia de Bellavista, cabecera municipal, donde se refugiaba la comunidad.
Esta acción terminó con la vida de aproximadamente 79 personas, dejó alrededor de 100 lesionados y causó el desplazamiento de 1.744 familias. Del fatídico suceso el 70% de las víctimas eran descendientes de Pogue-Bojayá.
La joven que sonríe donde ‘el diablo dejó sus chanclas’
El Tiempo, mayo 15/18
El diablo dejó sus chanclas en Villa España, un barrio en el norte de Quibdó. O por lo menos así lo dijo un taxista para explicar que para esos lados no va. “Es muy peligroso, nos cobran vacuna y uno no sabe si sale vivo”, aseguró el conductor.
Es allí donde vive Sindy Paola Mosquera.
Tiene una tristeza que la embarga: su mejor amiga y vecina, de 16 años, intentó suicidarse la noche anterior; estaba deprimida, se sentía sola.
Esa es una de las tantas preocupaciones de esta joven negra de 19 años. Porque además de estar encargada del negocio familiar donde ofrece unas pocas cosas, debe también cuidar a sus tres hermanos pequeños.
Ella ha logrado hacer cosas a pesar de esas barreras; por ejemplo, por su fortaleza y capacidad de iniciativa y liderazgo fue presidenta del Banco Colpatria por un día, allá en Bogotá. Un cargo simbólico y un reconocimiento que le dio la fundación Plan, a la que está vinculada en diferentes iniciativas sociales desde que era una niña.
Actualmente hay 177 niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos por haber sido víctimas de violencia sexual; y el 83 por ciento de esos casos corresponden a niñas.