Distinto a lo que se esperaba, el cierre de la Unidad Territorial de Restitución de Tierras, URT, en el Chocó y el traslado de competencias a sus similares de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca no provocó una reacción contundente de parte del gobierno local y los voceros del departamento en la Cámara de Representantes.
Sólo un sector de la iglesia católica y algunas ONG hicieron coro a la protesta de los grupos étnicos, temerosos por el posible estancamiento de los procesos de restitución en marcha y el riesgo que se yergue sobre los reclamantes de tierras, cada día más expuestos a la furia de los grupos armados al margen de la ley que actúan como guardianes de las propiedades mal habidas.
Un tufillo a perfidia, dilación y revanchismo expele la medida, tomada sin contemplación alguna el pasado 18 de diciembre, aprovechando la distracción de la época navideña. La absurda e inicua decisión pareciera indicar que se está creando un ambiente de desamparo institucional, propicio para los oscuros intereses de los despojadores asentados en el territorio, y en tiempos de recrudecimiento de las agresiones contra dirigentes rurales que reclaman los terrenos usurpados.
Precisamente semanas previas al anuncio de cierre fueron cobardemente asesinados Mario Castaño Bravo y Hernán Bedoya, reclamantes de tierras en Belén de Bajirá y Riosucio. Puede ser mera coincidencia, dirían en la dirección general de la URT, o líos de faldas, afirmaría tajantemente el Ministro de Defensa ante las preguntas de los periodistas, pero otra cosa piensan los familiares de los fallecidos, que atrapados entre el desconcierto y la impotencia observan cómo crece la lista de líderes sociales y campesinos asesinados por defender el patrimonio de los suyos.
La supresión de la oficina de la URT en Quibdó y la reubicación de sus empleados en otras ciudades del país innegablemente tendrá repercusiones en el buen avance de las demandas presentadas por las organizaciones étnicas para recuperar los predios; demandas de por sí extensas y espinosas por el cúmulo de intereses que entran en juego. En este caso no sólo se dilata la posibilidad del retorno de la tierra a sus verdaderos dueños, sino que se difuminan conceptos como unidad territorial, desarrollo comunitario sostenible, autonomía e identidad, principios por los cuales se rigen las asociaciones étnicas y campesinas.
El caso de la URT pone de presente la alarmante debilidad institucional en el Chocó, de la cual dan cuenta entidades como el DANE, ESAP, UNAD, IGAC y otras, cuyas matrices territoriales se encuentran en otros departamentos, principalmente en Antioquia, y desde Quibdó despachan con sucursales de segunda categoría. La injerencia administrativa de otros entes territoriales y las intervenciones presuntamente correctivas son formas sutiles de desmembración que los chocoanos debemos rechazar al unísono.
Como dijimos al principio, los dirigentes chocoanos no han tenido la firmeza de carácter para afrontar la responsabilidad histórica de defender los derechos de sus conciudadanos. Igual que en otras ocasiones la sociedad civil se quedó sin el apoyo de quienes han sido elegidos para representarla.
Más allá de las valientes voces de protesta de líderes sociales, ONG cooperantes, la iglesia católica y las organizaciones étnicas, angustiadas por lo que se ve venir, no se percibió una reacción contundente del gobernador ni de los congresistas. Ese silencio deslegitima sus dignidades, los hace cómplices de la injusticia.