Tal vez muchos que demandan de un servicio oportuno y eficaz de administración de justicia, lo han hecho fuera de la jurisdicción a la que pertenecen o donde han ocurrido los hechos delictuales, e inclusive disciplinarios. Les surge, entonces, una especie de desconfianza contra los organismos judiciales, por ejemplo, por factores que se circunscriben a corrupción, ineficiencia, y hasta mediocridad de los servidores públicos.

Un hecho que se evidenció por uno de los medios de comunicación, fue la protesta que hicieron algunos lideres cívicos del corregimiento de El Valle, comprensión del municipio de Bahía Solano, en el departamento del Choco, luego de verse agredidos y atacados dentro de su mismo espacio territorial, al punto de deslegitimárseles sus derechos ancestrales reconocidos por la ley 70 de 1993, que desarrolló el articulo 55 transitorio de la Constitución Política.
Un ataque que se expresó en la lógica del despojo de tierras que pareciera haberse contenido con la titulación colectiva en favor de las comunidades negras, pero que reedita modalidades extraordinarias para la readquisición de tierras por personas extrañas, cuyas artimañas se apalancan con el fraude y toda clase de maniobras, para las cuales hay complicidades de las más elaboradas simulaciones.

Digamos que a esa recolonización -a la cual no se pensó llegar, porque en el Chocó no quedó un centímetro de tierra baldía-, se le ha sumado el nefasto hecho amenazador de quienes pretenden quedarse dentro de la territorialidad afrodescendientes, en el sentido que la circulación de los nativo quede restringida y limitada sobre espacios o bienes que se consideran por el derecho privado como zonas públicas o bienes de la unión.

Retomando el tema, son pocos los ciudadanos que piensan en bien en las instituciones democráticamente constituidas en Colombia, dentro de una cláusula soberana del Estado de Derecho. Muchos dejan de acudir ellas por las esperanzas perdidas y prefieren resignarse a una suerte de conformismo y de justicia tardía, antes que expresar el hálito, tras ver restablecidos sus derechos con una justicia pronta y cumplida, por ejemplo.

Por eso, sorprende sobremanera que las voces de auxilio de justicia que pedían los líderes cívicos de El Valle, se hayan tenido que escuchar en los estrados judiciales de Bogotá, para confirmar, en el interior del país, que hay autoridades locales que desatienden sus quejas o reclamos. Un antecedente que pone en entredicho a un Estado unitario en el que sus leyes se deben cumplir y que sus instituciones no están federalizadas.

La insobornable grandeza de la comunidad afrodescendiente y la insustituible e irrenunciable dignidad de los líderes para convocaron la solidaridad del pueblo por la causa común de sus derechos e intereses, no deja envilecer la reivindicación, que desde La Conquista Española vienen combatido contra todas las formas de maltratos y vejaciones que condujeron al destierro y latrocinio de sus pertenencias o posesiones. ¡No al destierro!