Acreditación de calidad para la UTCH
Carlos William Cuesta V.
El reto más grande que tiene el rector de la UTCH, el ingeniero David Mosquera Valencia, consiste en lograr la acreditación de calidad para la universidad y los programas académicos, proyecto en el cual debe concentrar todas sus potenciales energías.
Para ello debe tener en cuenta lo siguiente: todas las políticas públicas en el país deben ser coherentes con la nueva normatividad, los convenios y declaratorias internacionales en materia de exigencias para la protección de las minorías étnicas, con un enfoque diferencial para el goce efectivo de derechos y acciones afirmativas.
En este orden de ideas es menester tener en cuenta a la ley 21 de 1991, por medio del cual se ratifico el convenio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993, la ley 22 de 1981 por medio del cual se aprueba la “discriminación racial”, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas de 1966, y la declaratoria de la acción afirmativa del decenio para apoyar los pueblos afros por parte de la ONU.
Todo este compendio de normas, convenios y declaraciones obedecen a las acciones afirmativas encaminadas en la defensa del pueblo afro e indígena en un país caracterizado por una recurrente discriminación racial, considerado como uno de los países mas excluyentes socialmente del planeta.
Tanto el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), cuya función principal consiste en aprobar las acreditaciones de calidad de las universidades, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), utilizan parámetros generales en sus diferentes evaluaciones, sin tener en cuenta criterios técnicos reconocidos y aceptados por organismos internacionales; en tanto que el atraso económico, social y político mantenido sistemáticamente por el Estado colombiano es estructural.
No se puede catalogar y medir con el mismo rasero con los estándares nacionales a instituciones pertenecientes a una sociedad con un alto porcentaje correspondiente al pueblo afro e indígena.
Produce hilaridad ver los escalafones publicados en los medios y editados por el DNP, en los cuales aparece el departamento del Chocó siempre en el último lugar.
Lógico, es un error conceptual, el departamento no registra, pues hace falta construir unos indicadores especiales para este tipo de pueblo en condiciones marcadas por la desigualdad histórica.
Para el inquieto abogado Enrique Valencia, defensor jurídico del Chocó, allí tiene la oportunidad de presentar tutelas ante la Corte Constitucional, para resolver definitivamente esta serie de iniquidades e incongruencias.
