Bocadillos de Prensa
No hay impedimento para delimitar a Belén de Bajirá: Igac
La Fm, abril 10/18
El presidente de la Comisión de Amojonamiento del Igac, Siervo Wiliam León Callejas, aseguró que se continuará con este proceso, pues hasta el momento no hay ninguna medida cautelar o ningún tipo de fallo que impida que se adelante. De hecho, el pronunciamiento más reciente fue del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó trasladar las mesas de votación de Belén de Bajirá y los demás territorios hacia Chocó.
Ante las distintas versiones en torno a que se harán barreras entre los dos departamentos, el funcionario precisó que en diez puntos a lo largo de 183 kilómetros de esos cuatro territorios se construirán trece señales en concreto para determinar límites, labores que demorarán al menos un mes.
Igac pide garantías para realizar delimitación en Belén de Bajirá
El Tiempo, abril 9/18
El director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, le solicitó al gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios, tomar las medidas de seguridad necesarias, que garanticen el acompañamiento a los servidores públicos que conforman la comisión demarcadora y evitar con ello, lamentables consecuencias.
La entidad agregó que en desarrollo de su competencia, el Agustín Codazzi adelantó la diligencia de deslinde en el año 2015 evidenciando que no había lugar a limite dudoso y que por el contrario la realidad geográfica coincidía totalmente con la descrita en la Ley 13 de 1947, es decir, hace parte del departamento del Chocó.
Finalmente el Igac recordó que los pronunciamientos técnicos efectuados, así como los actos administrativos que respaldan el cumplimiento de la orden de amojonamiento en el sector de Belén de Bajirá son vinculantes para todos los servidores públicos y gozan de presunción de legalidad, mientras no sean suspendidas, ni anuladas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
La paradoja de la formalización minera del Chocó
La Silla Vacía, abril 8/18
Este viernes la Defensoría del Pueblo lanzó un informe en el que denuncia que grupos armados como el ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del oro en Chocó, Cauca y Nariño tras la salida de las Farc.
Pese a las cifras y los incentivos del Gobierno para formalizar la minería en el departamento, el año pasado, la producción cayó. En total, la producción cayó un 42 por ciento el año pasado y fue la más baja de los últimos ocho años.
En el Chocó ya hay ocho áreas de reserva especial en Acandí, Certeguí, Medio Atrato, Condoto, Nóvita, San José del Palmar entre otras, y 50 a nivel nacional. Actualmente hay en proceso de formalización 7000 pequeños mineros.
“Antes los barequeros recibían el 95 por ciento del pago de las comercializadoras pero ahora es el 65 hasta 40 por ciento, porque como tienen que pasar tantas barreras legales eso nos lo terminan cobrando a nosotros” dijo Ariel Quinto, integrante de Fedemichicó y ex candidato al Senado por el partido Farc.
Aseguran que lo mismo para con las áreas de reserva especial y no comparten el idea de la subcontratación porque ellos pasarían a ser arrendatarios y lo quieren es tener sus propios títulos.
“Vemos que el gobierno no le interesa formalizar a los mineros, porque nos pone muchas trabas, les hemos hecho muchas propuestas en la mesa minera del Chocó como por ejemplo titulación diferencial pero no nos las han aceptado”, dijo el representante legal de Paimadó que también hace parte del espacio nacional de Consulta Previa.
Según Federico Taborda, el oro se sigue vendiendo en el departamento clandestinamente y hacia otros vecinos como Antioquia, lo que impacta en la disminución de las regalías que entran al Chocó.
Y por otro lado según Pertuz y Quinto, que nos lo dijeron por aparte, hay oro que se reporta como extraído de ciertos lugares con título, pero en realidad llega de muchos lugares ilegales. “Se da un trasteo de oro”, nos dijeron.
Ley de Víctimas se vence en 3 años y el Bajo Atrato nada que retorna
El Tiempo, abril 3/18
En Chocó Caribe, 5 comunidades étnicas reclamantes de tierras se sienten abandonadas por el Estado.
Desde Acandí hasta el Carmen del Darién, en Chocó, la vida de los indígenas y campesinos que reclaman su derecho al territorio colectivo está en vilo. De nada han servido hasta ahora las medidas cautelares dictadas por un Juez de Restitución de Tierras entre 2016 y 2017, para proteger a tres consejos comunitarios afrodescendientes y dos resguardos indígenas. La realidad es que diversos organismos del Estado no les han dado cumplimiento.
A la conclusión se llega tras el último seguimiento de las medidas dictadas para el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatú), el de la cuenca del río Tolo y la zona costera sur (Cocomasur) y el de Pedeguita y Macilla (Cocopema), así como a los resguardos indígenas de Chidima Tolo y Pescaito y Uradá-Jiguamiandó.