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Las mentiras contra la consulta anticorrupción

Tomado de El Espectador

 

Al menos 12 millones de colom­bianos deben votarla para que tenga validez. Sobre ella se han tejido in­formaciones imprecisas y confusas que buscan evitar que pase dicho umbral.

“Promotores obtendrán $5.000 por voto”

Esta información es falsa, pues dicho mecanismo de participación ciudadana, al ser impulsado sin re­cursos del Estado, no implica devo­lución de dineros, anticipos ni repo­sición de votos.

“Propone normas que ya existen”

Aunque es cierto que la legisla­ción colombiana cuenta con medi­das que buscan garantizar la trans­parencia y evitar prácticas corrup­tas, estas son distintas a las propues­tas por la consulta.

Por ejemplo, las normas actuales no le dan la posibilidad al Estado de terminar unilateralmente un contra­to, ni contempla el uso de pliegos tipo para todos los contratos con re­cursos públicos, únicamente para los de infraestructura. Tampoco sancionan a los legisladores que no rindan cuentas de su asistencia, vo­tación y gestión.

“Al bajar el salario de los congresistas, baja el salario mínimo”

Este es probablemente uno de los mitos que más asustan a la ciudada­nía, pues indica que el mismo por­centaje que se reduciría la remune­ración mensual de los miembros del Congreso y altos cargos del Estado, se vería reflejado en igual propor­ción en el resto de los funcionarios públicos y empleados del país, afec­tando incluso el salario mínimo. Sin embargo, la consulta solo tiene inje­rencia en el salario de los nombra­dos en el primer mandato -congre­sistas y altos funcionarios- y propo­ne una reducción en su remunera­ción de 40 a 25 SMLMV.

“Modificará la Constitución”

Algunas personas han acudido a esta falsedad para argumentar que, modificando la Carta Política, los promotores de la iniciativa se bene­ficiarán, no sólo económicamente, sino también utilizando la ley a su favor. Sin embargo, dar cumpli­miento a los mandatos inscritos en el mecanismo de participación ciu­dadana, de ser aprobados en las ur­nas, no implicaría un cambio cons­titucional, sino que pasarían a ser leyes de contenido general regla­mentadas por el Congreso con in­tervención de todas las fuerzas polí­ticas.

“Es un gasto innecesario”

Realizar la jornada electoral de la consulta anticorrupción tendrá un valor de $310 millones, que se in­vertirán en la impresión de tarjeto­nes, transporte, puestos de votación, conteo y publicación de resultados. Aunque muchos aseguran que esto es un gasto significativo para el Es­tado, las propuestas de la consulta implican un importante ahorro, ya que se estima que la corrupción le cuesta al país entre $40 y $50 billo­nes de pesos.

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