El consorcio peruano canadiense Atico Mining Corporation explota cobre y otros minerales en la concesión Mina El Roble en El Carmen de Atrato.

 

A la par de una importante generación de empleo (600 trabajadores) el pueblo padece secuelas negativas: calles, redes de servicios y viviendas deterioradas por el flujo de vehículos pesados; contaminación del Atrato y otras fuentes hídricas; riesgos físicos para la comunidad; entorno alterado; desacato de normas municipales; interrupción del tráfico, construcciones sin licencia; jornadas laborales extenuantes, atropellados con normas y horarios que solo consultan la productividad de la multinacional.

Astutas cláusulas permiten al consorcio evadir el impuesto de industria y comercio y el pago de regalías por el cobre extraído. Con el concepto de que la transformación y/o separación de los minerales se hace en el exterior, eluden industria y comercio. En regalías, una clausula estipuló que solo se pagarían cuando la producción superara las 100.000 toneladas año. Hábilmente la empresa interpreta la palabra producción como concentrado ya procesado y no como mineral en boca de mina. Para que se entienda, una tonelada de concentrado demanda la extracción de entre ocho y veinte toneladas de mineral.

La maniobra es tan burda que la Agencia Nacional de Minería se vio obligada a demandar a Minera El Roble S.A. ante la jurisdicción administrativa.

 

La responsabilidad social y ambiental de Atico se limita a minucias intrascendentes y favores personales. No es con dádivas y donaciones menores como se salda la deuda social con la comunidad. No se trata de repetir la historia de La Vorágine, cuando la casa Arana, peruana, extraía caucho en la región amazónica.

El rompimiento de presas de relave en Brasil prefigura lo que podría pasar en Carmen de Atrato, donde se han construido cuatro, aguas arriba del río. La última genera preocupación a la ciudadanía que sufre la zozobra por el realce continuo de la presa. Sobre concesionario y autoridades recaerá la responsabilidad por cualquier desastre. Pólizas que cubran los perjuicios a la comunidad y al medio ambiente debería ser una exigencia perentoria a la concesión.

Una nociva combinación de nula fiscalización estatal, lentitud judicial, poca participación ciudadana y afán desmedido de lucro, acompañada de una rabulesca hábil que plasma en el papel compromisos que no se satisfacen en la práctica, impiden un control estatal efectivo sobre concesiones mineras o de cualquier otra índole.

Si Atico insiste en una explotación que vulnere derechos sociales, laborales y ambientales, el paro que hoy con toda razón realizan los trabajadores lo adelantará la sociedad entera. No siempre la ciudadanía será silenciosa, no siempre las autoridades serán complacientes.

De otro lado, aceptar el apoyo de compañías mineras en procesos electorales constituye una repulsiva manera de asegurar pasividad institucional. Los pueblos no pueden cometer el error de elegir fichas serviles de quienes se lucran de la actividad minera.

Lo escrito sigue vigente si donde se dice minería se lee Fracking. No son actividades amigables, como no hay bombardeos humanitarios ni violaciones afectuosas.