Que al gobernador Luis Pérez y a un grupo reducido de la clase dirigente de An­tioquia no les guste el infor­me técnico del IGAC Y LA RATIFICACIÓN DEL CONGRESO, que resuel­ven a favor del Chocó el lar­go litigio sobre Belén de Ba­jirá, es comprensible...

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Pero que inciten a la po­blación de este corregimien­to a hechos de fuerza y al sa­boteo de la diligencia de ins­talación de los mojones en los límites de los dos depar­tamentos, pasa de castaño a oscuro...

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Ni más ni menos, se con­vierte en un problema de or­den público, de competencia de la Fiscalía y la Procuradu­ría...

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Las bravuconadas del go­bernador Pérez no pueden impedir la labor de la comi­sión demarcadora designada por el Igac para materializar el deslinde...

 

Con prontitud las autori­dades competentes deben to­mar las medidas a que haya lugar para garantizar la se­guridad de los funcionarios de IGAC que conforman la comisión demarcadora...

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Colombia es un Estado Social de Derecho...