Impuesto al consumo de licores
Carlos William Cuesta Valencia
Colombia es un país “cantinero” debido a que una de las principales rentas que contribuyen al acervo rentístico de las gobernaciones es el referido al impuesto al consumo de los licores destilados, cervezas, vinos, alcoholes y derivados, cuyo aporte es para la aplicación en los gastos de funcionamiento de los entes territoriales.
Es un contrasentido que los licores que tanto daño causan a la salud de los consumidores sea al mismo tiempo la renta que impulse el deporte y la recreación.
La gobernación del Chocó celebró un contrato con la industria licorera de Caldas para la producción y distribución del Aguardiente Platino. Los expertos en hacienda pública no entienden el objeto de dicho contrato por el exceso de funciones abrogadas por el gobernador firmante, dado que se dio íntegramente el monopolio propio del departamento reconocido por ley.
Las variables implícitas en el proceso de comercialización del licor, tales como producción y distribución, requieren de contratos diferentes y a diferentes agentes. Ana Cecilia Villa, la dama de hierro del Ministerio de Hacienda solicitó hace mucho tiempo terminar unilateralmente dicho contrato por lo gravoso para las rentas departamentales.
El impuesto al consumo es una contribución ad-valorem; es decir, a mayores ventajas, más recursos ingresan al erario público.
Lo contrario se enuncia como una evasión para los intereses del departamento.
En cuanto los impuestos que nosotros pagamos al consumir los licores no se vean reflejados en el bienestar de la sociedad, los consumidores tenemos la potestad para declarar una moratoria y no comprar dichos productos.
Y nos preguntamos, los organismos de control y vigilancia, responsables en gran medida de la corrupción que campea en el Chocó, ¿qué se hicieron?
Últimamente se viene hablando de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el Chocó. Sea esta la oportunidad, para celebrar el contrato de producción del licor mencionado con la empresa del ingeniero Héctor Moya, quien cuenta con la infraestructura necesaria para la producción doméstica y generar empleo directo.