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Temores por el manejo de la educación
del Chocó, ¿vuelve el caos?

Ha causado natural revuelo e incertidumbre la deci­sión del Ministerio de Educación Nacional de de­volver a la Gobernación del Chocó el manejo de la Secretaría de ese importante sector, intervenida desde me­diados de 2009 por el gobierno del entonces presidente Ál­varo Uribe Vélez.

La determinación, aunque se veía venir, ha provocado re­chazo entre las personas dependientes de la cartera educati­va y en la misma sociedad civil, sobre todo porque subsis­ten los problemas que dieron motivo a la intervención y nadie cree que la gobernación esté preparada para resolver­los.

Desde el principio hasta el final el proceso de arbitraje ministerial causó polémica. La intervención fue anunciada en su momento como temporal y concertada, pero se desbordó en sus propósitos iniciales y resultó ser otra burla para el departamento.

De los tres años que supuesta­mente duraría se extendió a más de ocho, cinco de los cuales estuvo a cargo de personal valluno, restando espacio a profesionales locales. Durante todo ese tiempo el gobier­no central se excusó de entregar la educación al departamento porque según su parecer, y sin adentrarse en detalles, éste no tenía “la capaci­dad para asumir la competencia”.

Fuera de toda especulación, la si­tuación de la educación del Chocó hoy no es muy distinta a la de 2009. Pese a los esfuerzos de la administración tempo­ral y la vigilancia del sindicato del sector, siguen sin resol­verse los inconvenientes que se supone la intervención co­rregiría: pasivo abultado e incierto, baja calidad académica y desequilibrios en la planta de docentes.

En consecuencia, aun desde varias comunidades se re­porta la falta de profesores y en muchos casos quienes ejer­cen la docencia lo hacen en un perfil diferente al de su for­mación disciplinar.

Esto implica que profesionales en ciencias naturales se ven obligados a trabajar en educación física y matemáticos preparan clases de historia o geografía, por solo citar dos ejemplos de las irregularidades en la cobertura magisterial.

La otra tarea que queda pendiente tiene que ver con la ca­lidad académica. Sacar al Chocó de los últimos lugares en las pruebas del Estado ha sido misión imposible para las autoridades educativas del departamento en esta etapa de tutelaje.

Aunque el diseño de estrategias propias de apoyo curricu­lar como Río Arriba y Champalanca Pedagógica han posi­bilitado tímidos avances en las metas de mejoramiento anual y algunas individualidades se destacan en el progra­ma Ser Pilo Paga, seguimos siendo coleros en el espectro educativo nacional.

Podrían tener algo de razón, entonces, quienes han salido a reprochar al gobierno departa­mental por asumir a las volandas y de forma improvisada el manejo de una cartera tan delicada como la educativa.

Ante todo sin dar cumplimiento a los dos requisitos que se impusieron como condición para su entrega: cuantificar plenamente el pasivo acumulado e identificar las fuentes que conlleven a su depuración.

Sobre el presupuesto de educa­ción penden, como espada de Da­mocles, varias sentencias judiciales que podrían hacerse efectivas en un futuro próximo, y esto es lo que más preocupa a los trabajadores del área educativa.

Otro detalle motivador de suspicacia es que la medida se toma en una coyuntura política agitada, cuando los barones electorales criollos se disputan sectores generadores de em­pleo como el magisterio.

La coincidencia de la etapa preelectoral con el inicio del año escolar, necesariamente lleva a pensar en el trueque de votos por traslados o nombramientos y retrotrae los oscuros tiempos en que los maestros, forzados por las circunstan­cias, obedecían más a los capitanes políticos que a los direc­tivos docentes.

Editorial

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