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Temores por el manejo de la educación
del Chocó, ¿vuelve el caos?

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Ha causado natural revuelo e incertidumbre la deci­sión del Ministerio de Educación Nacional de de­volver a la Gobernación del Chocó el manejo de la Secretaría de ese importante sector, intervenida desde me­diados de 2009 por el gobierno del entonces presidente Ál­varo Uribe Vélez.

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La determinación, aunque se veía venir, ha provocado re­chazo entre las personas dependientes de la cartera educati­va y en la misma sociedad civil, sobre todo porque subsis­ten los problemas que dieron motivo a la intervención y nadie cree que la gobernación esté preparada para resolver­los.

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Desde el principio hasta el final el proceso de arbitraje ministerial causó polémica. La intervención fue anunciada en su momento como temporal y concertada, pero se desbordó en sus propósitos iniciales y resultó ser otra burla para el departamento.

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De los tres años que supuesta­mente duraría se extendió a más de ocho, cinco de los cuales estuvo a cargo de personal valluno, restando espacio a profesionales locales. Durante todo ese tiempo el gobier­no central se excusó de entregar la educación al departamento porque según su parecer, y sin adentrarse en detalles, éste no tenía “la capaci­dad para asumir la competencia”.

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Fuera de toda especulación, la si­tuación de la educación del Chocó hoy no es muy distinta a la de 2009. Pese a los esfuerzos de la administración tempo­ral y la vigilancia del sindicato del sector, siguen sin resol­verse los inconvenientes que se supone la intervención co­rregiría: pasivo abultado e incierto, baja calidad académica y desequilibrios en la planta de docentes.

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En consecuencia, aun desde varias comunidades se re­porta la falta de profesores y en muchos casos quienes ejer­cen la docencia lo hacen en un perfil diferente al de su for­mación disciplinar.

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Esto implica que profesionales en ciencias naturales se ven obligados a trabajar en educación física y matemáticos preparan clases de historia o geografía, por solo citar dos ejemplos de las irregularidades en la cobertura magisterial.

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La otra tarea que queda pendiente tiene que ver con la ca­lidad académica. Sacar al Chocó de los últimos lugares en las pruebas del Estado ha sido misión imposible para las autoridades educativas del departamento en esta etapa de tutelaje.

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Aunque el diseño de estrategias propias de apoyo curricu­lar como Río Arriba y Champalanca Pedagógica han posi­bilitado tímidos avances en las metas de mejoramiento anual y algunas individualidades se destacan en el progra­ma Ser Pilo Paga, seguimos siendo coleros en el espectro educativo nacional.

Podrían tener algo de razón, entonces, quienes han salido a reprochar al gobierno departa­mental por asumir a las volandas y de forma improvisada el manejo de una cartera tan delicada como la educativa.

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Ante todo sin dar cumplimiento a los dos requisitos que se impusieron como condición para su entrega: cuantificar plenamente el pasivo acumulado e identificar las fuentes que conlleven a su depuración.

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Sobre el presupuesto de educa­ción penden, como espada de Da­mocles, varias sentencias judiciales que podrían hacerse efectivas en un futuro próximo, y esto es lo que más preocupa a los trabajadores del área educativa.

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Otro detalle motivador de suspicacia es que la medida se toma en una coyuntura política agitada, cuando los barones electorales criollos se disputan sectores generadores de em­pleo como el magisterio.

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La coincidencia de la etapa preelectoral con el inicio del año escolar, necesariamente lleva a pensar en el trueque de votos por traslados o nombramientos y retrotrae los oscuros tiempos en que los maestros, forzados por las circunstan­cias, obedecían más a los capitanes políticos que a los direc­tivos docentes.

Editorial

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