Chocó 2017, la nada y el todo
A la hora de plantear un balance sobre lo ocurrido en este año 2017 en el Chocó, se debe colegir que, como siempre, en el departamento no pasó nada y pasó de todo. Las cosas que no pasaron se relacionan con el mejoramiento de las vías carreteables, que siguen cobrando vidas inocentes; la apertura de puertos marítimos como el de Tribugá; la electrificación de zonas no interconectadas y la rebaja de las escandalosas tarifas de energía eléctrica; el cese del conflicto armado que crea desplazamiento y confinamiento en las zonas rurales.
Tampoco se pudo controlar la criminalidad en Quibdó, donde cada año son asesinados más de un centenar de jóvenes. Y lo que se esperaba como alivio espiritual a la desdicha colectiva tampoco sucedió: no nos visitó el Papa Francisco.
Pero indudablemente en 2017 también sucedió de todo. Pasaron cosas casi imperceptibles que afectaron la vida de los chocoanos, desde el más grande hasta el más pequeño: inundaciones diluviales en poblados lacustres, con cientos de miles de damnificados y pérdidas materiales; arribo de nuevos actores armados a territorios antiguamente ocupados por las Farc; vulneración de los derechos de los niños en lo relacionado con la alimentación escolar y atención en salud; degradación de los ríos con el mercurio que les arroja la minería irresponsable; extorsiones, secuestros, atentados y asesinatos a lo largo y ancho de la geografía departamental.
La corrupción no dio tregua. Este año se descubrió la más grande red de títulos falsos expedidos en la Universidad Tecnológica del Chocó, con epicentro en la Facultad de Derecho. Hubo capturas por irregularidades en la construcción de escenarios para los Juegos Nacionales realizados en 2015. Alcaldes y ex alcaldes de varios municipios están siendo investigados por su presunta participación en delitos contra el erario: Acandí, Riosucio y Bagadó, los más comprometidos. En el hospital San José de Tadó, donde los usuarios tienen que aportar hasta la gasa para una curación, se descubrió un verdadero concierto para delinquir.
El tema es de suma gravedad, pues la ONG Transparencia por Colombia calificó a la gobernación del Chocó como la de más alto riesgo de corrupción entre sus similares del país.
Durante el mes de mayo la protesta ciudadana de nuevo se hizo sentir con la realización del más largo paro cívico departamental; esta vez fueron 18 días de duración y grandes compromisos por parte del Estado, que de llegar a concretarse acercarían las transformaciones requeridas en el departamento.
El otro hálito de esperanza corrió por cuenta de la Corte Constitucional, que en un fallo sin precedentes, declaró al río Atrato sujeto de derechos y a la vez ordenó al Estado que tome las medidas para su protección, conservación, mantenimiento y restauración.
Vale decir entonces que la movilización popular y las leyes son las herramientas más expeditas para que el departamento salga a flote.
Los hechos también permiten inferir que esta tragedia social representa a su vez una gran paradoja, teniendo en cuenta la promisión del territorio que pisamos. Según las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación el Chocó encabeza los indicadores sociales más dramáticos, aunque poseemos los más variados y abundantes recursos naturales.
Una reflexión sincera sobre la crisis humanitaria en el Chocó nos llevaría a revisar qué tanta responsabilidad le cabe al Estado, cuyas políticas públicas no contribuyen a equilibrar el Índice de Desarrollo Humano, de modo que se cierren las enormes brechas sociales y económicas en uno de los más desiguales del mundo. De otro lado, vale la pena que la clase dirigente del Chocó corrija su proceder histórico y haga encomio de aquellas potencialidades con las cuales podemos erguirnos frente a la nación.