Debe extenderse el cese al fuego

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Después de los buenos resultados que en materia de conservación de la vida humana produjo el proceso de paz con las Farc, el cese al fuego bilateral y temporal concertado entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN desde el 1 de octubre hasta el próximo 9 de enero, se convierte en un nuevo hito esperanzador. Por eso suena lógica y conveniente la propuesta de la Diócesis de Quibdó en sintonía con algunas organizaciones sociales de la región en el sentido de extender el cese de hostilidades de forma ilimitada.

La propuesta surge en un momento de gran tensión para las víctimas del conflicto, pues ninguna de las partes ha cumplido a cabalidad lo pactado en septiembre, cuando en vísperas de la visita papal se firmó el acuerdo. En aquel momento el grupo guerrillero se comprometió a suspender el secuestro, frenar los ataques a la infraestructura petrolera, no sembrar minas antipersona ni reclutar menores de edad para involucrarlos en acciones de guerra.

Por su parte el gobierno Santos ajustaría las medidas para proteger la vida de los líderes sociales en todo el territorio nacional, despenalizar la protesta social, disponer ayuda humanitaria para los miembros de esa guerrilla que se encuentran en prisión e iniciar un proceso de consultas con la sociedad civil para legitimar los acuerdos que se llevan a cabo en Quito.

A pesar del recelo y advertencias de ambas partes estos compromisos sólo se han cumplido parcialmente y la población civil sigue siendo blanco de ataques. A finales de octubre varias organizaciones indígenas responsabilizaron al ELN del crimen del gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero en el corregimiento de Docacina, en el Alto Baudó chocoano, y del secuestro de su hermano Heriberto Isaramá Forastero, quien se desempeña como docente en esa comunidad. Más adelante, el mismo grupo guerrillero reconoció su participación en la masacre de Magüí Payán, en el departamento de Nariño, donde trece personas fueron asesinadas.

De otro lado, el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido incapaz de detener la ola de asesinatos de líderes sociales, que pasa del centenar en este año. Motivadores de la erradicación manual, reclamantes de tierras y activistas por la paz han muerto en medio de la total desprotección del Estado. Tampoco hay avances en el cabildeo para hacer efectiva la ley de despenalización de la protesta social. Más bien se ha arreciado la represión contra cualquier tipo de manifestación ciudadana, como lo atestiguan las personas agredidas por los escuadrones antidisturbios de la Policía en las últimas movilizaciones indígenas y campesinas.

Sin embargo, aunque los hechos sean tozudos y las acciones violentas no desaparezcan del todo, es más conveniente este escenario de cumplimientos a medias que uno de guerra plena donde la población civil se tenga que batir en medio del fuego cruzado entre las fuerzas regulares y el grupo guerrillero. Desde esa óptica se entiende con claridad la petición de la Diócesis de Quibdó para que se extienda el cese de hostilidades entre gobierno y guerrilla. La propuesta cobra mayor importancia ahora que el escepticismo de la población civil sobre el devenir de los diálogos que se desarrollan en Quito está en su máximo nivel.

Lo que sí resulta inconveniente, improcedente y riesgoso es la convocatoria del ELN a mesas de diálogo regional y especial en territorios de su influencia, eventos en los cuales participan actores civiles.

Con esto se envía un mensaje de insubordinación a los voceros de esa guerrilla en Quito y se pone en alto riesgo la vida de los pobladores de aquellos territorios frente a las agrupaciones armadas que intentan ocupar el espacio dejado por las Farc.