A partir del 14 de noviembre las autoridades de tránsito sancionan con inmovilización y comparendo a quienes se desplacen en moto sin portar el casco, medida nacional desde hace años, pero que solo ahora el gobierno municipal decidió hacerla cumplir. Y ello no con el fin de disminuir el índice de accidentalidad, sino para reducir las lesiones de los pasajeros y las atenciones en hospitales de nivel superior.

 

Esta decisión beneficia a la comunidad, incluyendo a los mototaxistas.

 

Pero llama la atención que en el Chocó y otros lugares se ha vuelto costumbre que las leyes y normas solo se exigen y aplican cuando las autoridades del departamento o de los municipios lo consideran pertinente o benefician sus intereses.

 

Los entes de control brillan por su ausencia, generando connivencia con la corrupción y perjuicios irremediables a la comunidad que tristemente se acostumbró a ello y sufre las consecuencias.

 

Las normas de tránsito, los decretos, la salud, tutelas y sentencias encuentran un vacío en el acompañamiento que deberían realizar la Procuraduría, la Personería, la Contraloría y la Fiscalía, que no se dan por enteradas de estos incumplimientos y exabruptos y se limitan a mirar a otro lado o “a acelerar la demora” en el cumplimiento de la ley, limitándose a hacer lo mínimo y “pasar de agache” frente a lo que a su alrededor pasa.

 

Mientras un tercero no denuncie con teléfono, firma, huella, foto y declaración incluida, o se les ordene por organismos superiores el cumplimiento de los fallos, ellos consideran que todo está correcto y que están cumpliendo su deber.

 

Estos incumplimientos en el orden local y nacional han obligado a la ciudadanía a generar paros, taponamientos de vías, protestas, tomas de edificios públicos y otros hechos perturbadores.

 

No solo la autoridad correspondiente no cumple su deber y el mandato legal, sino que los mal llamados organismos de control, quienes tienen el deber de sancionar y ordenar el cumplimiento de esos mandatos y hacerle seguimiento a ellos, no realizan la tarea que se les ha encomendado y se limitan a ser espectadores de los hechos en los cuales ellos deberían brillar por su presencia y contundencia en sus determinaciones.

 

Al lograr el gobierno Santos desmovilizar la guerrilla se ha acabado el factor distractor más importante al que le han considerado la causa de nuestras crisis y desigualdades como nación y se van desnudando las verdaderas causas de nuestro atraso y de nuestros problemas.

 

Una corrupción rampante que nos atraviesa hasta los tuétanos en todas las instituciones públicas y privadas, en donde el presupuesto del Estado se ha vuelto un botín a obtener mientras jugamos a ser una democracia con instituciones y organismos sólidos que juegan a gobernar y ser vigilados.