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Los estudiantes frente a la crisis de la UTCH

Hace más de dos meses que una cerrada disputa entre los docentes de la Universidad Tecnológica del Chocó y el rector, Eduardo García Vega, tiene suspendidas las clases para los más de seis mil estudiantes que se calcula tiene el principal centro de educación superior del departamento. Las actividades académicas debieron iniciar el pasado 8 de agosto, pero hasta el momento de escribir esta nota editorial no se vislumbra una salida al conflicto laboral, y más bien las posturas parecen endurecerse con el paso de los días.


El pulso entre los docentes y el rector venía incubándose de tiempo atrás, quizá desde los primeros períodos administrativos de García Vega, que ya son cinco. El reclamo de los agremiados recoge síntomas acumulados durante quince años, aunque éstos enfatizan en las negociaciones colectivas de los dos últimos períodos administrativos. Cuestionan la falta de acciones que posibiliten la acreditación de alta calidad de la oferta académica y la escasa gestión para restablecer el ofrecimiento de importantes programas como licenciaturas en educación, arquitectura y enfermería, que llevan varios años suspendidos por la falta de registro calificado.


No endilgan culpabilidad directa a esta administración, pero critican su mutismo frente a los escándalos de corrupción que han llevado a la UTCH a la picota pública. Ciertamente, la expedición de títulos falsos, con abundancia en el programa de Derecho, el fraude en el pago de matrículas y el tráfico de calificaciones por cuenta del saboteo a las plataformas virtuales de la institución han menguado la credibilidad e imagen del claustro universitario, más allá de los pobres resultados académicos que lo ubican en el sótano de la educación superior en el país.


A todas estas, hasta hace pocos días no se vislumbraba reacción alguna de los estudiantes frente a una problemática que los ha mantenido ociosos durante este par de meses. Ellos, que representan el principal estamento universitario, habían permanecido al margen, como convidados de piedra en un escenario donde se decide su futuro. De ese modo sucedían las cosas, cuando sorpresivamente el movimiento estudiantil decidió abandonar su acostumbrada indiferencia y dio inicio a una protesta en demanda de su elemental derecho a la educación. Así que el 9 de octubre un grupo de intrépidos muchachos ocuparon el campus y cerraron las oficinas para presionar un rápido acuerdo entre las partes.


Con todo y lo extemporánea, la petición de los estudiantes no puede ser más pertinente y justa considerando la coyuntura de acorralamiento y desesperanza que afecta particularmente al sector juvenil en nuestro territorio. A propósito de ese tema, un S.O.S dirigido por la Diócesis de Quibdó al goberno nacional a finales de agosto, indicaba que en esta ciudad fueron asesinadas el año pasado 127 personas, subrayando la enorme diferencia con el promedio nacional, que es de 24 homicidios anuales por cada cien mil habitantes. Es de anotar que la mayoría de víctimas y victimarios de estos crímenes son personas jóvenes con altos niveles de vulnerabilidad. De tal suerte que el cese de actividades académicas en la UTCH se torna en una pérdida de oportunidad para la cualificación de la juventud y motivo de desinterés o deserción de los matriculados.


Lo que sí deben tener claro los líderes estudiantiles y la comunidad en general es que la crisis de la UTCH no es distinta a la del resto de las universidades públicas del país. Cada día se siente con más rigor la desfinanciación de la oferta en la educación superior y el favoritismo del gobierno hacia iniciativas como el programa Ser pilo paga, que beneficia exclusivamente a las universidades privadas.

Editorial

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