Luis Gilberto Murillo de cara al fracking

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Durante las últimas semanas el país se ha visto sacudido por un nuevo escándalo de grandes proporciones: las coimas y favorecimientos en el sistema judicial colombiano, con un epicentro de putrefacción en las altas cortes. Los desafueros del que ha sido bautizado como ‘El Cartel de la Toga’ de momento han opacado un debate de gran interés para el país, especialmente en aquellas zonas cuyos suelos son pródigos en combustibles fósiles. Se trata de la autorización del gobierno nacional para que dichos recursos naturales se exploten mediante el cuestionado procedimiento de fracturación hidráulica en la roca, comúnmente conocido como fracking.

La polémica está servida desde ya, pues aunque el gobierno central y las multinacionales petroleras defienden la técnica con criterios financieros, las organizaciones ambientalistas y amplios sectores sociales la rechazan.

Según los primeros, la implementación del fracking es clave para aumentar las reservas de hidrocarburos en el país y así evitar en un futuro próximo la importación de gasolina, mientras los segundos sostienen que dicha metodología extractiva conlleva a la contaminación de las aguas subterráneas con gas metano, químicos tóxicos y material radiactivo, incrementa los riesgos de sismos y, en términos generales, destruye la naturaleza.

Los argumentos de los colectivos sociales y los propósitos conservacionistas globales hacen pensar que, más allá de la discusión del momento, tarde o temprano la humanidad se verá obligada a implementar tecnologías limpias de rastreo y extracción de metales y a buscar fuentes alternativas de generación de energía como la solar, eólica o mareomotriz.

En el centro de este debate necesariamente aparece el chocoano Luis Gilberto Murillo Urrutia, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en quien recae la responsabilidad de dar vía libre a la utilización de esta técnica en el país.

Ya la Alianza Colombia Libre de Fracking, organización integrada por líderes sociales y ambientalistas, lo ha convertido en blanco de críticas por haber autorizado un experimento piloto en esta materia financiado por Ecopetrol.

El alto funcionario ha querido apaciguar los ánimos asegurando que se tiene una estrategia de monitoreo e identificación previa de riesgos ambientales y sismológicos; sin embargo los reproches no cesan.

Desde el momento mismo de su posesión como Ministro de Ambiente advertimos que sería un dilema para Murillo Urrutia contraponer las responsabilidades de la cartera a su cargo a los intereses de la industria minero energética, siendo esta última uno de los pilares del programa económico del gobierno de Juan Manuel Santos.

De por sí, la contextura misional de ese Ministerio riñe con el perfil de un ingeniero de minas con maestría y experiencia en minería a cielo abierto. Transcurrido más de un año de esa observación, su opción por el fracking como método extractivo, sin miramiento a su brutal impacto al medio ambiente, indica que su fidelidad al Presidente lo inclina hacia ese lado de la balanza.

Desviándonos un poco del tema, pero sin cambiar el rumbo, el Chocó no se ha visto beneficiado con la figuración de Murillo Urrutia en el gabinete central.
El hijo de Andagoya no ha mostrado ninguna gestión por las reivindicaciones de los chocoanos; por el contrario, frente a las exigencias de los dos recientes paros cívicos se le notó más bien rígido e intransigente.

Su obsecuencia con este gobierno es tal que, enfrentándose a otra encrucijada, desde su cargo impulsa la campaña de destrucción de la maquinaria de pequeños y medianos mineros, que son precisamente quienes mueven la economía en su tierra natal.