Editorial
Siete veces Sí
El próximo 26 de agosto se votará en Colombia la Consulta Anticorrupción. Con este mecanismo de participación ciudadana, tenemos la oportunidad de acudir de nuevo a las urnas, pero esta vez para votar Sí o No un tarjetón con siete preguntas sobre corrupción y transparencia.
Para que los puntos sean aprobados, deberán participar ese día más de 12’231.314 de ciudadanos, la tercera parte del censo electoral. Además, cada punto tendrá que obtener como mínimo 6’130.000 votos por el Sí.
Los siete puntos de la consulta anticorrupción, resumidos, son:
1. Reducir el salario a los congresistas y altos funcionarios del Estado, de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Cárcel para corruptos, cumplimiento total de las penas y sin reclusión especial, y se les prohibirá volver a contratar con el Estado.
3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Pliegos tipo para todas las entidades, para evitar manipulación y contratación a dedo.
4. Audiencias públicas obligatorias para que la ciudadanía decida sobre los presupuestos de inversión.
5. Congresistas deben rendir cuentas anualmente de su asistencia, iniciativas, votación, debates y gestión.
6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles dominio.
7. No más atornillados en el poder: máximo tres períodos en corporaciones públicas (Congreso, asambleas y concejos).
Es excelente la convocatoria a esta Consulta Anticorrupción, son convenientes y pertinentes los siete temas abordados y pensamos que todos los chocoanos debemos participar y votar Sí a las siete preguntas.
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, ha presentado informes donde demuestra que en Colombia se están robando cincuenta billones de pesos al año y ha dicho en forma enfática que “aquí no hay corrupción. Hay que cambiar el término. Aquí lo que hay es una robadera entronizada en todo el Estado colombiano y yo como exprocurador y contralor doy el testimonio ante la sociedad colombiana que es así”.
Y agregó: “No hay una sola obra pública en Colombia que termine costando igual al precio que se estimó en el contrato inicial”.
Algunos insidiosos atacan la Consulta Anticorrupción afirmando que dichos temas ya están incorporados en normas vigentes. Eso no es cierto. De algunos puntos existen normas, pero muy débiles o con resquicios por donde se filtra la corrupción, la “mermelada” y se permite la impunidad.
Y en el caso del Chocó es muy clara la necesidad de esta Consulta Anticorrupción debido a que el robo del erario público se ha salido de madre en las últimas décadas. Los gobernantes y sectores políticos tradicionales dominantes han caído en la más pestilente podredumbre. En contubernio con diputados, concejales y jueces venales han dilapidado lo poco que se había edificado en épocas anteriores y para su fortalecimiento político y enriquecimiento personal no han vacilado en unirse con asesinos paramilitares o en entregar a narcotraficantes el manejo de vitales entidades e ingresos del departamento.
Todo contrato o desembolso del escuálido erario público del Chocó, desde el más irrisorio suministro hasta una importante concesión, lleva implícita la entrega en la sombra de comisiones y prebendas para los ordenadores y sus compinches. Y para esconder sus tropelías han desorden, alteran o destruyen los archivos oficiales.
Ahora rige la valoración y respaldo al peculador, la asqueante exaltación del “cómo voy yo”. Los parlamentarios chocoanos no rinden cuentas sobre sus funciones legislativas, su actividad política, sus itinerarios de viajes, sus agendas de trabajo y su asistencia a las sesiones, debates y audiencias.
Muy importante que todos los electos mediante voto popular publiquen sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés.
El 26 de agosto vamos a las urnas y marquemos siete veces Sí en la Consulta Popular Anticorrupción, para golpear a los corruptos y someter a la clase política al control de la ciudadanía.