Y agregaron una delicada denuncia: “El Ejército tiene una red de informantes de la población civil, lo cual es violatorio del principio de distinción, y al implementar obras de infraestructura, actividades sanitarias y de integración social, pone en grave riesgo a la población civil por la intensidad del conflicto armado en la región”.

A su vez alertaron sobre el aumento en las tasas de homicidios en el departamento, que superan el promedio nacional. El promedio es de cien homicidios por año en Quibdó, dejando en los últimos seis años 600 personas muertas en hechos violentos.

“Los actores armados ilegales ejercen control territorial de extensas zonas, extorsionan a pobladores sistemáticamente, construyen fronteras invisibles, imponen horarios para la movilidad de sus pobladores, restringen el acceso de foráneos, ejercen el microtráfico, utilizan a niños y adolescentes como informantes (campaneros), y con mucha frecuencia violan a menores de edad”, sigue el pronunciamiento.

También se refirieron al creciente poderío del ‘Clan del Golfo’ y afirmaron que este grupo ha incrementado su accionar en la región y se financia con la minería ilegal en minería y del narcotráfico, mientras extorsiona y obliga a personas de la comunidad para que sean sus informantes.

Y afirmaron que el Eln ha incrementado su presencia mediante el uso de las armas y la instalación de minas antipersonales, y que a su paso han venido reclutando a menores de edad afro e indígenas.