Editorial
El desastre de la pavimentación Porvenir-Platina
En el cúmulo de contratos de obras públicas irregulares o fracasadas en el Chocó se destaca el de la pavimentación Porvenir-Platina, tramo inicial de la vía Quibdó-Medellín.
Este contrato ha estado repleto de anomalías desde su gestación.
En julio 17 de 2014, cuando avanzaba el primer proceso licitatorio, la Contraloría del Chocó emitió función de advertencia a la entonces alcaldesa Zulia Mena García denunciando que el proceso estaba amañado, dirigido a favor de un solo contratista, y que las estipulaciones del pliego de condiciones violaban el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 sobre selección objetiva.
El proceso se reinició y luego el contrato fue adjudicado el 2 de diciembre de 2014, por 13.231 millones de pesos, al Consorcio Malla Vial, integrado por Ingeniería, Interventoría y Construcciones, Inico S.A.S, y La Macuira Inversiones y Construcciones S.A.
El objeto del mismo es pavimentar 3.500 metros y construir un nuevo puente en la quebrada El Caraño.
La obra debía ser ejecutada en diez meses, es decir, debió haber finalizado el 16 de diciembre de 2015. Desde marzo de 2018 están paralizados los trabajos. A la fecha la obra ya tiene un retraso de 33 meses, solo se han pavimentado 2.000 metros de los 3.500 metros contratados y sigue creciendo el detrimento por el mal uso de los recursos públicos.
Y estos 2.000 metros pavimentados, el 57 por ciento del total, no se construyeron con base a las especificaciones técnicas. Existe mala calidad del concreto en las losas del pavimento y de las obras de arte.
El concreto no cumple el módulo de rotura o resistencia a la flexión, y gran parte presenta fisuras, roturas, grietas, desgaste, erosión, levantamientos, desportillamientos, hundimientos, descascaramientos, baches, etc.
El contratista incumplió la compra de predios con el primer desembolso de dinero, no posee los equipos ni el personal profesional calificado para realizar esta obra, debe salarios, pagos a proveedores, afectaciones a terceros y pago de seguridad social.
Por este maremágnum de anomalías, el 15 de julio de 2016 el municipio de Quibdó sancionó al contratista, pero en forma inexplicable dicho contratista continuó la obra y no se informó sobre el pago de dicha sanción.
A esto hay que sumar los perjuicios y afectaciones a más de 20.000 habitantes de este sector y a los usuarios de la vía: trancones, daños en los vehículos, pérdida de tiempo, accidentes, sobrecostos en el transporte, aumento de la inseguridad, etc.
La comunidad realizó un desfile de protesta pidiendo la caducidad del contrato.
En marzo de 2017 Planeación Nacional, en su competencia de supervisar la ejecución de recursos de regalías, impuso al municipio un plan de mejora para subsanar gran parte de estas anomalías. Pero sus directrices no fueron acatadas y por ello el 2 de marzo de 2018, por resolución 069, suspendió el giro de recursos para este proyecto.
En este momento algunos funcionarios del municipio de Quibdó dicen que están en un proceso de cesión del contrato a un tercero. Pensamos que es otra salida en falso.
Ante un desbarajuste tan monstruoso en este contrato y con tal cantidad de incumplimientos del contratista, lo correcto es declarar la caducidad del contrato y reiniciar un nuevo proceso transparente de licitación con los recursos remanentes.
Y que la fiscalía, la contraloría y la procuraduría investiguen y tomen decisiones contundentes frente a este entuerto que mortifica a todos los habitantes de Quibdó.