Decíamos en nota editorial reciente que la corrupción se derrotaba en el Chocó con un cambio de actitud de la so­ciedad en donde se evidenciara el repudio para la delin­cuencia de cuello blanco que ostenta de manera impúdica y hasta ostentosa el producto de su conducta ilícita y del latrocinio.

 

Pero el fenómeno de su crecimiento e impunidad está conexo con la actitud laxa de los organismos del Estado llamados a combatirla y sancionar de manera ejemplar su existencia. Con el ítem de que no solo se abstienen entes como la fiscalía, la procuraduría y la contraloría de investigar a fondo y poner a disposición de los jueces los elementos proba­torios recaudados de manera que en forma sumaria y pública, como está establecido en el pro­cedimiento judicial, sean juzga­dos los inculpados sino que existen serias y justificadas re­servas sobre la idoneidad y co­rrección de los jueces llamados a tomar decisiones defini­torias. Porque la corrupción es un cáncer que ha permeado la sociedad a todos los niveles, sin que de ella pueda ex­cluirse la administración de justicia, tal vez la faceta que más nos preocupa, por aquella sentencia bíblica de que “si la sal se corrompe...”

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No contamos con elementos probatorios para hacer se­ñalamientos específicos en cabeza de miembros de la fis­calía, de la contraloría, de la procuraduría y del poder judi­cial, que los incriminen. Pero los rumores son vox populi y a ellos contribuyen la poca efectividad y eficacia de tales organismos en la sanción de esos desmanes que minan el desarrollo de la región e imposibilitan que se cumpla cualquier tipo de inserción social con recursos públicos.

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Como no tenemos “rabo de paja”, podemos no solo diri­girnos con autoridad ciudadana a todos los antes citados sino exigirles el cabal cumplimiento de sus funciones, hoy dejadas al lado, por decir lo menos, con evidente perjuicio para la sociedad chocoana. Hasta el punto de que sectores respetables de opinión han llegado a opinar que por su fal­ta de eficacia, sobran, con toda su burocracia inútil.

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Desde luego, nuestra posición no es la de que esas ins­tancias se acaben sino que sean eficaces en la lucha contra la corrupción galopante. ¿Es mucho pedir? Estamos hasta la coronilla de registrar desmanes administrativos en el manejo de recursos públicos, sobre todo los de regalías, sin que pa­se nada. Sus beneficiarios, después de algunos días de detención, gozan de cabal salud y suelen regresar a la vida pública, sin que los organismos de control hayan señalado en sus ho­jas de vida una anotación concernien­te a las reservas de su conducta.

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Es por ello, por todo ello, que se ha perdido la credibili­dad en los órganos de control y de la justicia. Y es también porque acrece en ese caldo de incredulidad, la corrupción generalizada que como ave rapaz agota las posibilidades de avance del Chocó.

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El día del juicio final no solo comparecerán como res­ponsables los usufructuarios del despropósito y beneficia­rios directos de la defraudación del erario público, sino también quienes acolitaron el latrocinio desde los órganos de control y de justicia.

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Porque la sensación existente es que en el Chocó, lamen­tablemente, la sal se corrompió.