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La tenencia de tierra

Carlos William Cuesta Valencia

Históri­c a ­mente el partido li­beral ha si­do a través de los tiem­pos el abanderado de las refor­mas agra­rias.

El primer gobierno liberal de López Pumarejo abrió la puerta para reconocer los de­rechos de los poseedores de tierras, de los arrendatarios y de los aparceros que, a partir de 1936, con la ley 200, pu­dieron reclamar para ellos las tierras que venían trabajando.

Fue el primer paso para romper una tradición que ve­nía desde la Colonia y que protegía los derechos intoca­bles de los terratenientes.

Otro de los grandes pensa­dores liberales, el expresiden­te Carlos Lleras Restrepo, pregonaba que no solo por ra­zones de justicia social era necesaria la redistribución de la tierra; sino que, además la reforma agraria ampliaría el mercado interno.

Como presidente fue el principal impulsor de la refor­ma agraria en Colombia y hoy, medio siglo después el ex presidente liberal sigue siendo el colombiano que más ha trabajado para hacer realidad la redistribución de la tierra rural.

Fue también el creador de la Asociación Nacional de Usua­rios Campesinos, ANUC.

La escuela estructuralista histórica del Centro de Estu­dios Económicos para Améri­ca Latina, CEPAL, identifica que la falta de políticas agra­rias impide el desarrollo eco­nómico.

Se afirma que la implemen­tación de una reforma agraria integral y de un marco nor­mativo que apoye a las unida­des de producción de menor tamaño sigue siendo un desa­fío institucional en el país.

La ley 70 de 1993 reglamentó para las comunidades negras, una pequeña reforma agraria con la propiedad colectiva so­bre la tierra, sin acceso al crédi­to y asesoría técnica.

Como dice el filósofo de Nó­vita: “Nada de nada”.

Todo lo anterior para indicar que la propuesta del candidato Gustavo Petro no tiene nada que ver con el “castrochavis­mo” y mucho menos con las políticas económicas del socia­lismo del siglo 21.

Simplemente, el candidato abrevó en la fuente de las ini­ciativas del partido liberal, vi­gentes hace más de 80 años.

El tema de la reforma rural integral debe estar en el primer plano de las prioridades del país.

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