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La tenencia de tierra

Carlos William Cuesta Valencia

Históri­c a ­mente el partido li­beral ha si­do a través de los tiem­pos el abanderado de las refor­mas agra­rias.

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El primer gobierno liberal de López Pumarejo abrió la puerta para reconocer los de­rechos de los poseedores de tierras, de los arrendatarios y de los aparceros que, a partir de 1936, con la ley 200, pu­dieron reclamar para ellos las tierras que venían trabajando.

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Fue el primer paso para romper una tradición que ve­nía desde la Colonia y que protegía los derechos intoca­bles de los terratenientes.

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Otro de los grandes pensa­dores liberales, el expresiden­te Carlos Lleras Restrepo, pregonaba que no solo por ra­zones de justicia social era necesaria la redistribución de la tierra; sino que, además la reforma agraria ampliaría el mercado interno.

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Como presidente fue el principal impulsor de la refor­ma agraria en Colombia y hoy, medio siglo después el ex presidente liberal sigue siendo el colombiano que más ha trabajado para hacer realidad la redistribución de la tierra rural.

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Fue también el creador de la Asociación Nacional de Usua­rios Campesinos, ANUC.

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La escuela estructuralista histórica del Centro de Estu­dios Económicos para Améri­ca Latina, CEPAL, identifica que la falta de políticas agra­rias impide el desarrollo eco­nómico.

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Se afirma que la implemen­tación de una reforma agraria integral y de un marco nor­mativo que apoye a las unida­des de producción de menor tamaño sigue siendo un desa­fío institucional en el país.

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La ley 70 de 1993 reglamentó para las comunidades negras, una pequeña reforma agraria con la propiedad colectiva so­bre la tierra, sin acceso al crédi­to y asesoría técnica.

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Como dice el filósofo de Nó­vita: “Nada de nada”.

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Todo lo anterior para indicar que la propuesta del candidato Gustavo Petro no tiene nada que ver con el “castrochavis­mo” y mucho menos con las políticas económicas del socia­lismo del siglo 21.

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Simplemente, el candidato abrevó en la fuente de las ini­ciativas del partido liberal, vi­gentes hace más de 80 años.

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El tema de la reforma rural integral debe estar en el primer plano de las prioridades del país.

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