El soborno es un delito. Quienes participen en su co­misión a cualquier título (autoría, coau­toría o complicidad) cometen delitos. In­curren en conductas que deben ser san­cionadas penalmen­te. Todos los latinoa­mericanos que co­participaron, recibieron, negociaron, aceptaron, se beneficiaron o permitie­ron que otra persona o su partido políti­co se beneficiara con los sobornos de Odebrecht, incurrieron en actos de co­rrupción y no merecen reconocimiento popular sino sanción social e imposi­ción de pena. Esto es en serio.

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Existen varios modos de sacar a la población de la pobreza. Una, de frecuente uso entre los gobernantes de Colombia, es matándola.

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Otra que usan mucho esos mismos gobernantes, para evitarse problemas con organismos internacionales defen­sores de derechos humanos, consiste en reducir el precio de la pobreza. La ma­niobra es sencilla y algo macabra: man­dan al DANE al grandote indolente que oficia como ministro de Hacienda, una vez allá este manipula los indicadores de pobreza con un computador, un tinto y una almojábana y ¡zas!, desaparecen cinco millones de pobres.

 

Tras ello suelta una carcajada de bruja de película, llama al director de El Tiem­po, RCN y Caracol y estos, seguramen­te con un significativo “aporte” en pu­blicidad oficial, publican la “buena nue­va” y todos repiten en coro la carcajada de bruja del ministro indolente.

Mientras esta retumba en los medios, otro niño muere de hambre en La Gua­jira y varios menores reportan desnutri­ción subsahariana en los pueblos del Pa­cífico.

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Entre tanto, los padres de esos niños, votan por los mismos matones o por otros peores.