Empezaron a conocerse los hallazgos fiscales de las investigaciones de la Contraloría General de la República en el Chocó, en lo referente al manejo de regalías, que ha poblado todos los rincones del departamento de gigantescos “elefantes blancos”, como denomina el habla popular a las obras de infraestructura no concluidas.
El grueso expediente de irregularidades reveladas por el ente de control pone al descubierto la podredumbre administrativa en la cual han sumido al Chocó los gobiernos locales más recientes.
Según el informe, entre 2012 y 2015 las alcaldías de Quibdó, Condoto, Lloró, Unión Panamericana y la gobernación desaparecieron más de 2.800 millones de pesos girados con el propósito de acometer las obras programadas en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión- OCAD, pero se convirtieron en cuentas del extenso rosario de frustraciones de la gente del Chocó.
Entre los bienes mostrencos que deja el pernicioso manejo de los fondos públicos en Quibdó se menciona la segunda etapa del Megacolegio MIA, donde se esfumaron 874 millones; otros 873 se perdieron con la reforma urbanística de la Alameda Reyes y aunque los vecinos del barrio El Porvenir se sienten incómodos por la no conclusión de los trabajos de pavimentación que conduce al paraje La Platina, los peritos de la Contraloría reportan una pérdida de 351 millones de pesos.
Fuera de la capital, los sobrecostos y la mala calidad de la pavimentación de la vía Yuto-Lloró arrojan una pérdida de 317 millones. En la pavimentación de la vía El Dos-Plan de Raspadura, municipio Unión Panamericana, la gobernación sobrepasó el costo real en 126 millones. De otro lado, las obras no ejecutadas y la mala calidad de los trabajos permitieron establecer una pérdida de 231 millones en la pavimentación de broches de la vía Ánimas- Istmina. En resumen, los dineros extraviados en el manejo de los recursos de regalías en el Chocó representan más de 2.800 millones de pesos.
Tratándose de regalías son varias las operaciones non sanctas urdidas en el Chocó, entre ellas el lavado de activos perpetrado entre 2011 y 2013 por organizaciones narco paramilitares con la presunta participación de alcaldes. La táctica consistía en ingresar material aurífero desde Panamá y reportarlo hipervalorado como si fuera extraído en nuestro país. El dinero del narcotráfico quedaba “limpio” después del proceso de legalización que adelantaban las alcaldías.
El foco de estas maniobras estaría en los municipios del Baudó, en cuyo territorio no hay evidencias ni tradición extractiva, pero disfrutaba de una supuesta bonanza aurífera. Por este hecho la Corte Suprema de Justicia tiene abierta una Investigación contra el actual Representante Nilton Córdoba Manyoma, alcalde de Medio Baudó para la época.
En asuntos de corrupción el Chocó está referenciado como el caso más crítico del país. Los estudios del Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, oficina adscrita a la Presidencia de la República, lo ubican como el ente territorial con mayor riesgo de prácticas corruptas.
De hecho, la corrupción es una de las grandes causas del atraso del departamento. El peculado, la concusión y el fraude son actos cotidianos con altos índices de impunidad y consecuencias desastrosas para el bienestar de los chocoanos. Lo deseable es que esta vez el ignominioso saqueo active la conciencia ciudadana en torno al bien común; urge recuperar la capacidad de escandalizarnos ante el delito y aplicar una férrea reprobación social para los delincuentes de cuello blanco. Se puede, a propósito, aplicar un castigo electoral a los desfalcadores que hoy apadrinan candidaturas o a los que fungen como candidatos.