El ex juez fue encontrado penalmente responsable del delito de prevaricato por acción, pues ordenó embargar las cuentas del departamento por unas multimillonarias obligaciones de la Asamblea departamental, a sabiendas de que no lo podía hacer, contrariando normas constitucionales, legales y pronunciamientos del Tribunal superior de Quibdó.

La oficina jurídica de la gobernación anunció que demandará a la rama judicial, buscando recuperar los 1.600 millones de pesos sustraídos ilegalmente por orden del ex juez laboral de Quibdó.