Lo que le faltaba al Chocó, el veto de Trump
Algún comentarista callejero dijo con tono de preocupación, mientras ojeaba los titulares de Chocó 7 días, que los quibdoseños vivimos como en una casa por cárcel. El anónimo personaje sustentaba su afirmación teniendo como referente la escandalosa ola de asesinatos que se registran en la ciudad, la existencia de fronteras invisibles entre las zonas que la componen, la presencia de bandas juveniles dedicadas al pillaje en los barrios y las pocas posibilidades que les quedan a los ciudadanos para salir a sitios de recreación al aire libre, bien sea por cuidarse de la contaminación mercurial de las quebradas o por temor a los piratas terrestres.
El símil es acertado, aunque no hace falta consultar las páginas de la prensa local para darse cuenta del gran peligro que a diario corremos los habitantes de esta Villa de Asís, ubicada en los primeros lugares cuando se enumeran las ciudades capitales más inseguras del país.
El número desproporcionado de asesinatos y el aumento de la delincuencia en todas sus formas, han obligado a los quibdoseños a abandonar sus rutinas, con lo cual también se cambió la imagen de ciudad trasnochadora y rumbera que hasta hace pocos años tenía Quibdó.
Las puertas abiertas hasta bien entrada la noche, la tertulia entre vecinos y el juego de dominó en el patio posterior son cosas del pasado. El pánico se tomó la ciudad.
Pero el tema de la violencia y la inseguridad en el Chocó no se circunscribe solamente a su capital; la zozobra se ha extendido a poblaciones como Istmina y Tadó que acarrean los mismos problemas sociales de la urbe mayor: desplazamiento, pobreza, desigualdad y desempleo.
Mirando más ampliamente, fuentes de la Fiscalía han revelado que los índices de criminalidad el año pasado se desbordaron al 271% en las regiones del Darién y el Bajo Atrato chocoano.
La sensación de miedo e impotencia es similar en los municipios del eje del Baudó, medio y bajo San Juan y los escabrosos límites con el norte del Valle del Cauca. Todas estas zonas constituyen un área de disputa de distintos actores armados, interesados en el tráfico de drogas y armamento.
Para empeorar las cosas, aquella prevención que muestran nuestros connacionales para venir al Chocó, un recelo inmerecido e indignante por demás, ahora se expande a todo el orbe por cuenta de las recomendaciones de cautela que recientemente ha hecho el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos.
Las alertas emitidas por el Departamento de Estado del país del norte, advierten sobre los riesgos de viajar a departamentos colombianos como Arauca, Cauca, Chocó y Norte de Santander por “Los delitos violentos como homicidios, asaltos, robos a mano armada, secuestros y extorsiones” a los cuales estarían expuestos.
Varias veces nos hemos referido al enorme daño que a la población chocoana le ocasiona la presencia de grupos irregulares en su territorio, entre ellos el ELN.
Y en gran medida las sugerencias de precaución hechas por la Casa Blanca a los suyos se sustentan en el accionar de esa organización guerrillera en los departamentos referenciados. Es cierto entonces que los hostigamientos, amenazas, extorsiones, secuestros, retenes ilegales y demás acciones de este grupo van en contravía de la supuesta liberación que anuncian en su nombre.
Como lo infiere el desprevenido comentarista que mencionamos arriba, hoy los chocoanos estamos presos en medio del conflicto y la delincuencia común.
Solamente nos faltaba el veto de Donald Trump, que para aumentar la paranoia recomienda a los viajeros de su país que antes de venir a esta zona se inscriban en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas oportunas y hacer más fácil la localización en casos de emergencia.