La intervención al sistema de edu­cación departamen­tal se dio como res­puesta a la ineficien­cia y el desgreño que invadió el sector en los años previos a este proceso.

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Era una decisión “cantada”, que se de­moró bastante, debi­do a que con la expedición de la ley 715 del 2001, la gobernación del Chocó debía acometer urgentes ta­reas.

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La definición de perfiles y la entre­ga de la respectiva carga académica era una vergüenza.

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Había, por ejemplo, licenciados en química dictando asignaturas socia­les o de educación física. Las ciuda­des de Quibdó, Istmina y otras esta­ban saturadas de docentes. Algunos eran trasladados de “boca”, es decir, sin ningún acto jurídico.

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Según el Ministerio de Educación, no se sabía cuántos maestros tenía la planta del Chocó. Se dice que mu­chos docentes que por diversos moti­vos no laboraban en el departamento, sí aparecían devengando.

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Se embargaban las cuentas de pa­gos de la nómina, a veces con docu­mentos espurios. Parece que en los juzgados todavía hay un rezago de esta situación.

La calidad era pésima, siempre ocupábamos los últimos lugares y la cobertura era insuficiente, es decir, muchos niños y niñas estaban por fuera del sistema educativo, por lo que la tasa de analfabetismo aumentó en forma significativa.

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Los gobiernos departamentales de turno después de la expedición de la ley 715, le dieron “melo” a enfrentar esta situación. Cuando llegaban las visitas de funcionarios del Ministerio de Educación, los que debían rendir la información se “perdían” de las oficinas o asumían compromisos de enviar la información, que nunca era reportada.

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El Ministerio se cansó de esta “ma­madera de gallo” y procedió a decre­tar la intervención, que no fue un cas­tigo para muchos sino una oportuni­dad para “colonizar” y buscar votos, ya que dependíamos de políticos del Valle del Cauca.

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Fuimos invadidos de personal de ese departamento, con el argumento de la ineficiencia y corrupción del Chocó.

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Según los reportes, a partir del 2018 se inicia el proceso de devolución del sector educativo y la gran incógnita es si aprendimos la lección o estare­mos pronto a repetir la misma histo­ria.

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Esperamos que el Comité Cívico y las otras fuerzas de la sociedad civil estén vigilantes para mantener por fuera de la politiquería regional a este importante sector.