Esta tragedia se pudo haber evitado: alcalde de Carmen del Darién

rcnradio, dic. 4/17.

Luego del desbordamiento del río Jiguamiandó, en el Cho­có, las autoridades de Carmen del Darién señalaron que esta emergencia se pudo haber evi­tado si el Gobierno nacional hu­biera dado tratamiento oportu­no de los jarillones que encau­san este afluente hídrico hacia el mar.

Herlin Ibargüen, alcalde de esta municipalidad, sostuvo que hasta el momento son más de 1.200 familias afectadas por el desbordamiento del río Ji­guamiandó y que pese a que ya dieron aviso a las autoridades regionales y nacionales, no han recibido una respuesta que les brinde tranquilidad.

“No tenemos recursos para prevenir el riesgo, a esta hora ya hemos ejecutado casi todo el presupuesto”, dijo el funciona­rio.

“El mensaje que nosotros te­nemos es decirle al Gobierno que ponga más sus ojos en nuestra población, las ayudas que se dan son muy mínimas, nosotros también somos Co­lombia y necesitamos la ayuda del gobierno nacional”, dijo Ibargüen.

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Convocatoria del Eln para diálogos con la población del Chocó no está permitida

La W, nov. 27/17

Fuentes del gobierno advirtieron que no está permitida, según los protocolos del cese al fuego pactado, la reunión que está convocando el frente de Guerra Oc­cidental Omar Gómez del Eln en el Chocó, para el próximo 12 de diciem­bre, con la población civil y diversos sectores institucionales y gremiales de ese departamento.

Este evento está siendo promovido por el “Comandante Uriel” y eventual­mente se daría en el corregimiento San Miguel del Medio San Juan.

“Como presumiblemente el grupo del Eln Chocó concurriría armado a estas reuniones que está convocando con so­ciedad civil; esas reuniones a las que concurren insurgentes armados no es­tán permitidas en los protocolos que re­gulan el cese al fuego por ser amedren­tadores de la sociedad civil”, indicaron fuentes cercanas al diálogo con el Eln.

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Mabel, la investigadora que genera empresa desde la biodiversidad

Portafolio, nov. 30/17

Reducir la brecha de la pobreza se ha convertido en un motor de vida para Mabel Gisela Torres, una chocoana que busca que la riqueza natural se convierta también en mejores posibilidades de vi­da para cerca de medio millón de habi­tantes esa zona.

Hizo una licenciatura en biología y química, otro pregrado en biología pura, cinco semestres de medicina, una maes­tría en microbiología. También, tiene un doctorado en ciencias biológicas y un posdoctorado en micología (estudio de hongos).

En el 2012 creó el Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo Sostenible de la Biodiversidad, Bioinnnova, en Quib­dó, cuyos socios son la Universidad Tecnológica de Chocó, la Universidad Antonio Nariño y la Gobernación de Chocó. De allí han nacido cinco compa­ñías: Sabor a Mar produce chorizos, hamburguesas y nuggets con atún del Pacífico, en Bahía Solano; Nativo’s, re­frescos, helados y yogures con frutos como asaí, guayaba agria y borojó; Arte y Joya, trajes de fantasía con materiales autóctonos; Anuros, ropa con telas orgá­nicas y colorantes biodegradables, y Selvacéutica, artículos de aseo y cosmé­ticos con ingredientes regionales.

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Demanda para recuperar tierras en el Chocó

minuto30.com, dic. 2/17

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda en un juzga­do de Quibdó para recuperar tierras co­munitarias que actualmente ocupan ex­plotaciones de diferentes empresas.

La demanda sostiene que las tierras, que se ubican dentro de los límites del Consejo Comunitario La Larga y Tuma­radó (Cocolatu), deben ser restituidas a las comunidades que vivían allí, mayo­ritariamente negros, antes de ser despla­zadas por el conflicto armado a media­dos de la década de los noventa. Este pa­so legal se tomó ante el juzgado primero civil del circuito especializado en resti­tución de tierras de Quibdó, tras tres años de iniciar las investigaciones para fundamentar la denuncia, principalmen­te realizadas por el Centro de Investiga­ción Nacional de Educación Popular (Cinep), que también acompañó el pro­ceso de negociación de la demanda.

La reclamación se interpuso en un contexto de alta inseguridad para los lí­deres sociales de las comunidades, puesto que en el último año han sido asesinados tres miembros del Consejo Comunitario que denunciaban las ac­tuaciones de los empresarios que explo­tan actualmente las tierras.

A lo anterior se suma la presencia de grupos armados paramilitares que se en­cuentran en la zona, según el Cinep.

El último hecho tuvo lugar el pasado domingo, cuando fue asesinado el líder Mario Castaño.

El representante legal del Cocolatu, Pablo Antonio López, advirtió que en­trar en etapa judicial significa que la si­tuación “va a ser más crítica” en térmi­nos de seguridad porque en la demanda “hay muchas cosas que comprometen a los empresarios que fueron causantes del despojo de las tierras”.