A Deiler Camacho Mosquera, alcalde de Nóvita, se le impuso medida restrictiva que le impide acercarse a la sede de la alcaldía con el fin de impedir hechos de obstrucción a la justicia. Para Carlos Arturo Urrego Pérez, Norbey Ramírez Marín y José Arouldo Zoiza se ordenó la reclusión en centro carcelario por el delito de explotación ilegal de yacimientos mineros, contaminación ambiental y daños al medio ambiente.

A Leonardo Alfonso Salazar Cortés, Carlos Albeiro Hurtado San Martín y a Luis Daniel Martínez Ramos se les impuso casa por cárcel.

A Diana Marcela Londoño Ortíz, Dali Yolanda Alzate Castañeda y Martha Lucía Serna Murillo, empleadas de la empresa minera Metalpac, se le impuso restricción: no pueden acercarse a la oficina de dicha empresa ni realizar ninguna actividad relacionada con la minería.