Entró en vigencia la Ley 995 de 2005, llamada Ley de Garantías, que limita los procesos de contratación directa, o “adjudicación a dedo”.

Las restricciones inician cuatro meses antes del día de elecciones, o sea que para los entes territoriales la limitación para suscribir convenios y contratos interadministrativos se inició el pasado 11 de noviembre y para todas las entidades del Estado, incluidas las territoriales, se prohibe la suscripción de contratos bajo la modalidad de adjudicación directa a partir del 27 de enero de 2018.

También se restringe la contratación y nombramiento de personal. A muchos mandatarios no les gusta, porque no pueden manipular esos procesos y argumentan que no pueden contratar. Pero la realidad es que un ordenador del gasto responsable, perfectamente puede manejar DE MANERA transparente los procesos contractuales y abrir procesos de contratación. Pero aplazan la ejecución de recursos hasta después de que se haya elegido el nuevo Presidente, para seguir con esos procedimientos contractuales espurios, retrasando la inversión y perjudicando el desarrollo de las localidades.

Adicional a que son malos administradores en la ejecución de los recursos, porque demoran los procesos, unos por negligencia, otros por incapacidad operativa, se les asignan y giran los dineros y ahí es el punto para que se pierdan, porque si miramos el informe del Planeación Nacional, en Regalías hay sin ejecutar más de tres billones de pesos que están en los bancos, ya asignados a los entes territoriales y las obras sin ejecutarse.

La Contraloría General presentó un informe de los años 2012 a 2016 sobre el manejo de regalías y señala que el Chocó tenía a 31 de diciembre de 2016 la bobadita de $ 81.429 millones en bancos, de los giros ya realizados y agrega que el porcentaje de ejecución de los proyectos terminados frente a los asignados es del 31.6%. A nivel nacional ese porcentaje promedio es del 53%.

Como decían nuestros abuelos: “Tras de cotudo, con paperas”. Dicen que el gobierno nacional nos tiene abandonados, pero cuando nos dan los recursos no se ejecutan ágilmente y ahora llega la restricción ordenada por la Ley de Garantías.

En el informe de Planeación Nacional se indica que al Chocó, incluidos los municipios, entre 2012 y 2016 le giraron $ 467.444 millones y había en bancos saldos por $ 81.429 millones, sin contar los rendimientos financieros o intereses que pagan los bancos por tener esa platica allí y de estos le giraron a los municipios $ 157.787 millones de los cuales en bancos habían $ 46.394 millones. Con tantas necesidades básicas insatisfechas, nos damos el lujo de no ejecutar esos recursos, coadyuvado con que ejecutan obras que quedan inconclusas o más conocidas como “elefantes blancos”.

P.D.: Bien por la obligación del uso del casco a los motociclistas y pasajeros, pero en materia de transporte y movilidad se requieren de verdad medidas de fondo.