¿Es el Chocó un ente territorial fallido?
Un día como hoy, hace 70 años, el gobierno nacional en cabeza de Mariano Ospina Pérez promulgó la ley 13 que dio vida al departamento del Chocó. El tránsito de intendencia a departamento fue el sueño atrasado de los habitantes de este territorio desde los albores del siglo XX, cuando Quibdó era considerada como una de las ciudades más promisorias del país en virtud de su comercio y proyección industrial. El sueño se vino a cumplir en 1947 por el empuje decidido de los cofrades de la emblemática generación del 30, guiados por el verbo olímpico de Diego Luis Córdoba y la reluciente inteligencia de Adán Arriaga Andrade.
Obtenido ya el estatus departamental, el Chocó perdió para siempre esa clase dirigente comprometida con el progreso y desarrollo regional. El encomio y la honradez que caracterizó a la dirigencia de la época intendencial poco a poco se fue diluyendo en manos de una generación política adormilada y mezquina, infinitamente inferior a su antecesora. Paradójicamente, después del ascenso en la escala administrativa sobrevino un estancamiento alentado por la indiferencia oficial y la inacción de la dirigencia local.
En estos setenta años las principales conquistas de bienestar ciudadano se han dado bajo el protagonismo del pueblo raso, aquel que la otra Colombia mira con desprecio o lástima. El Chocó ha batido el récord nacional de paros cívicos contra el olvido y la marginalidad que le impone el Estado. Siete en total, que sin embargo no han bastado para reivindicar su integridad territorial y el derecho a los más elementales servicios: acueductos, electrificación, carreteras, hospitales y políticas públicas para la generación de empleo, entre otros.
Tanto descontento popular dice mucho de la malquerencia de este Estado centralista y discriminador contra una población pacientemente asentada en un territorio de riqueza incalculable, pero con paupérrimos índices de desarrollo humano. En las faenas reivindicativas cinco personas han caído bajo el fuego oficial. Ningún pueblo de Colombia ha tenido que exigirse así para que el progreso llegue a sus lares.
Para la historia quedaron las obras de Jorge Valencia Lozano y Dionisio Echeverry Ferrer, de quienes se dice han sido los mejores gobernantes del Chocó. Sus ejecutorias incluyen el primer trazado de la vía Quibdó-Medellín, construcción de la cárcel Anayanci, el colegio Carrasquilla, el hospital San Francisco de Asís, la Normal de Señoritas y el hospital Eduardo Santos de Istmina, el cementerio San José de Quibdó, aserraderos, trapiches y trilladoras para empoderar la mano de obra local y afianzar la seguridad alimentaria.
Aquellos líderes de grata recordación dejaron aportes tangibles en casi todos los municipios, crearon una lotería e impulsaron los primeros proyectos industriales de la región. Siete décadas después de la departamentalización se esfumaron las fábricas, los edificios pasaron a manos privadas y estamos en cero en productividad. Hoy el Chocó es un ente territorial intervenido en lo administrativo y amenazado por la desmembración geográfica.
Este panorama sombrío permite concluir que la pléyade brillante de otrora, cuya probidad, disciplina y honradez forjó los sueños de toda una generación, no tuvo un relevo capaz de parangonársele. La actual representación parlamentaria del Chocó no ha asumido con responsabilidad el reto de hacer grande a un departamento que tiene todas las condiciones para serlo. Su principal gestión consiste en aprobar la nefasta política económica del gobierno central a cambio de migajas burocráticas para sus amigos. Hasta ahí llega su ámbito mental.