25 años de la Ley 70 de 1993: avances, frustraciones, retos y desafíos
Albeiro Moya Mena
El 27 de agosto se conmemoraron 25 años de la ley 70 de 1993, que desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, para reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, establece mecanismos de protección a la identidad cultural y de sus derechos como grupo étnico y fomento económico y social.
Al margen de las discusiones jurídicas, políticas y administrativas, es un importante mecanismo legal para proteger los derechos de las comunidades. Hay avances, frustraciones, retos y desafíos. Avances como la titulación de más de 6.3 millones de hectáreas de tierras en Colombia, (3.5 millones en el Chocó), creación de consejos comunitarios y algunos avanzan en la implementación de sus planes de etnodesarrollo y manejo de los territorios colectivos.
Entre los fracasos, retos y desafíos es increíble que en 25 años no se hayan reglamentado algunos capítulos esenciales de la ley sobre recursos naturales, planeación y fomento del desarrollo socioeconómico, lo cual muestra falta de voluntad política del Estado y en particular de los gobiernos de Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos que se quedaron en promesas y retóricas.
Muestra de ello es la crisis humanitaria, social, económica y ambiental en las comunidades, cada vez más crítica y preocupante como lo dijo la Corte Constitucional en numerosas sentencias y autos, poblaciones atropelladas, confinadas y desplazadas por el conflicto armado y de la ausencia institucional lleva más de 25 años, tiempo suficiente para que el Estado Social de Derecho tomara medidas para proteger a las comunidades abandonadas secularmente.
La institucionalidad en muchos casos ignora las propuestas de las organizaciones étnico territoriales, no las integra o armoniza en sus planes de desarrollo y no financia las iniciativas de las comunidades. En los últimos años varias leyes en temas rural, minas, forestal, ambiental, ordenamiento territorial, han sido adoptadas generando un retroceso para los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, una especie de contrarreforma étnica.
La tarea es continuar las banderas de lucha cívica y pacífica mediante la movilización democrática, como la hicimos en los paros cívicos por la salvación y dignidad del Chocó, exigir la reglamentación e implementación integral de la Ley 70 de 1993.
La materialización de los derechos de una sociedad o una comunidad no se logra solo a partir de leyes, decretos, documentos Conpes o propuesta teóricas. Debemos pasar de la legislación a la acción y la materialización.