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Campañas de seguridad

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José María Daza Sánchez

En el pasado go­bierno del Presi­dente Santos se defi­nió una política para combatir el micro­tráfico, pero tam­bién contra el robo de celulares y la ex­torsión. En este caso se arreció el trabajo de policía y la fiscalía.

Cada captura, decomiso, operativo, salen los oficiales de la entidad a pre­sentar los positivos obtenidos y obvia­mente eso le gusta, en general, a la co­munidad.

Tenemos claro que entre las funciones propias de las entidades encargadas de la seguridad, pues tienen el encargo re­ducir esos índices de delitos cometidos contra la ciudadanía en aplicación de los códigos penal y de policía.

Hoy con la llegada del nuevo gobier­no nacional, vemos día a día, que se canta permanentemente esa política del “plan de choque de 100 días, “El que la hace la paga, seguridad con legalidad”. Una estrategia de seguridad que con­templa cerca de 600 grandes operacio­nes a nivel nacional e internacional con­tra los delitos de mayor impacto para los ciudadanos.

Este plan, que fue elaborado con el propósito de combatir especialmente el hurto, entre ellos, de celulares y bicicle­tas; el homicidio, el abuso y explotación sexual de menores, el narcotráfico y el ciberdelito.”

¿O sea que si el presidente no da la or­den, no actúan?

La pregunta es: ¿Hay necesidad de acentuarle a las autoridades que deben cumplir con sus funciones? Esos deli­tos, como ya se señaló, están claramente definidos en los códigos, son leyes de obligatorio cumplimiento y su omisión les puede acarrear responsabilidades a los funcionarios encargados de hacerlas cumplir.

Hay contravenciones que no requie­ren, digo, que el ciudadano deba llamar a las autoridades para que se haga respe­tar su cumplimiento. Caso patético, cuando esos vecinos trogloditas que creen que son los dueños del barrio y ponen esos parlantes en alto volumen todo un día y en ocasiones también toda la noche. Montan barras de venta de li­cor en zonas residenciales y las patrullas de vigilancia de los cuadrantes pasan por allí y no les llaman la atención.

Piensa uno que esas personas son ab­solutamente desocupadas, que no respe­tan el descanso de las personas que tra­bajan y que requieren de tranquilidad. Los niños en ocasiones no pueden di­vertirse viendo televisión o leyendo por­que la bulla es tan alta que no permite concentrarse.

 

Ahora, ya es necesario que se aplique lo que ordena el Código de Policía en el sentido de recoger los parlantes que es­tén sonando con alto volumen.

El adagio que señala que: “Las órde­nes se cumplen o la milicia se acaba” debe ser primordial en la sana conviven­cia.

Personal de los entes de seguridad de­ben dar ejemplo a la comunidad, al me­nos teniendo el uniforme puesto, ade­más estando en servicio y no enseñar a violar las normas.

No se necesita, en todas las ocasiones, que debamos llamar para que se atienda una contravención, por pura lógica se puede aplicar la autoridad.

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